Después de que el TEPJF determinó realizar el recuento total de la elección para gobernador en el Estado de Puebla, corrigiendo la resolución que al respecto había emitido el TEEP, por considerarla sin sustento y por tanto violatoria de la normatividad vigente. El TEPJF ya concluyó el recuento voto por voto de todas las casillas comprendidas en la citada elección; como consecuencia resolvió enviar una copia certificada de la documentación correspondiente al TEE - asunto que ya se concretó el día lunes primero de octubre del 2018- con el propósito de que el órgano jurisdiccional local resuelva los dos recursos pendientes: uno contra el cómputo final de la elección que efectuó el IEE y el otro en contra la constancia de mayoría que el mismo IEE entregó a la candidata, Martha Erika, de la coalición PPAF. La determinación del órgano jurisdiccional local (el IEE, legalmente el OPLE del INE en Puebla) deberá tomar en cuenta la corrección que representó el recuento ordenado y realizado, en el periodo comprendido entre el 25 y 29 del mes de septiembre del año en curso, por el TEPJF que se condensa en las actas circunstanciadas remitidas al IEE por el órgano máximo de Justicia electoral.
En la nueva situación es muy prudente considerar que el día de la jornada electoral se presentaron hechos sumamente delicados y peligrosos, la acción de comandos armados que preparaban y daban cobertura a los encargados de robar urnas de votación, generaban temor en los ciudadanos haciendo uso de sus armas de fuego disparando para permitir las acciones de los pillos electorales, ante eso se planteó en un primer momento el recuento en todas las casillas. El asunto de la inconformidad escaló a una petición de nulidad en cuanto se tuvo información de la acción concertada de las autoridades civiles de Puebla, junto con las autoridades electorales del estado, para cometer el fraude perpetrado el día 1 de Julio.
Las autoridades civiles encargadas de la seguridad brillaron por su ausencia y cuando se presentaron más bien procedieron a dar protección a los delincuentes electorales, al grado de que a los pillos que fueron detenidos por los ciudadanos, les brindaron protección para que se mantuvieran en el anonimato sus identidades y los equipos para los que trabajaron, hasta ahora no se conocen. Ante esos hechos el equipo de la coalición JHH procedió a denunciar la irregular situación y a pedir que los votos fuesen contados en todos los distritos para intentar limpiar el proceso de elección de gobernador, el contenido de la inconformidad generada por las irregularidades se pudo ponderar mejor cuando el martes tres de julio se constató, que una forma de operación fue la consistente en la violación de la cadena de custodia con el apoyo de laboratorios para adulterar las urnas que serían contadas el día cuatro en los consejos distritales, bajo esa circunstancia fue que se adicionó a la petición de recontar los votos, misma que fue rechazada por el TEEP. Ante esa resolución se mantuvo la petición del recuento y se llevó a la competencia del TEPJF, pero cada vez más se fue configurando la necesidad de plantear que la limpieza del proceso solo se podría lograr si las elecciones fueran anuladas y en principio se formuló, ante el otorgamiento de la constancia de mayoría a la candidata de la coalición PPAF, en ese momento fue cuando se formuló ante el TEEP la impugnación para que se dejara sin efecto la constancia entregada a la candidata oficial y por tanto se procediera a la anulación de las elecciones de gobernador en el estado de Puebla,
Hasta el momento no se ha emitido por parte de este órgano la resolución respectiva, sin embargo y a pesar de ello hay autoridades en funciones que han pretendido iniciar el proceso de entrega recepción con la candidata impugnada, eso se constituye en una falta de respeto a la legalidad, ahora parece que ya han corregido tal pretensión, seguimos en espera de la resolución del TEEP que en primera instancia resolverá la impugnación en contra de la votación atribuida, de manera fraudulenta, a la candidata oficial, para que, después de emitida sus resolución, pueda plantearse lo que proceda por parte del candidato de la coalición JHH.
Los que hacen abstracción de lo que sucedió durante la campaña y de lo ocurrido el día de la jornada electoral solo aspiran a que el recuento confirme lo que ya conocimos, que la candidata con más votos (producto de acciones ilegales) fue la candidata oficial del Sr. Gobernador, de los presidentes municipales que se integran- por su origen- en la coalición por Puebla al frente (PPAF), de los integrantes del CG del IEE (legalmente el OPLE- Puebla) y del TEEP.
Todos ellos pretenden que se acepte lo que generaron como resultado de su alianza ilegal, el resultado que consiguieron con instrumentos de violencia durante la campaña y el día de la jornada con robo de urnas usando comandos armados para el robo de urnas en distintos distritos, adulterando, con la tutela oficial, los paquetes que llegaron a los recintos de los distritales y municipales, depositándolos en manos de personas no confiables que permitieron y posibilitaron que se manipulara los paquetes, en lo que sería el trayecto de las casillas a los recintos de los comités distritales. En ese trayecto se perdió o se rompió la cadena de custodia, eso no sucedió como algo desorganizado o espontáneo, lo que es grave es que todo fue producto de una acción concertada entre las autoridades electorales, las autoridades civiles y los grupos de interés comprometidos con el triunfo forzado de la candidata oficial.
En todo ello debemos concluir que además de robar urnas, de agredir a ciudadanos, y de substituir urnas, se robaron algo muy importante: la confianza en el proceso de elección de gobernador de Puebla.
Por hacer abstracción de todo lo anterior, ellos los de la coalición PPAF, pretenden que el recuento corroborará su triunfo eso solo lo pueden pensar si olvidan todo lo irregular del proceso de elección. Debo resaltar que ni siquiera fueron capaces los delincuentes electorales, de hacer congruente su trampa, las cifras que ellos dieron para otorgar la constancia de mayoría a la candidata oficial ni siquiera coinciden con las que finalmente resultan en el recuento, lo que significa nada más y nada menos, que ni siquiera son tramposos eficientes y congruentes, lo que sí son, bastante desfachatados.
Los que se aglutinan en la coalición JHH, y los millones de poblanos que no compartimos que se logren triunfos electorales por medio de actos violentos, perversos y fraudulentos, esperamos que el recuento permita verificar que el cúmulo de irregularidades cometidas por los que se aglutinan en torno a la candidata oficial a la gubernatura de Puebla. Resaltamos que las autoridades electorales actuaron omisas ante los actos de violencia, no pidieron la intervención de la fuerza pública para dar seguridad a las casillas y a sus funcionarios, la autoridad civil no actuó ante actos delictivos flagrantes que consistieron en la actuación de comandos armados que dispararon en varias lugares donde se localizaban las casillas de votación. En el caso de que los ciudadanos que, tomando riesgos, detuvieron una camioneta con dos tripulantes y miles de boletas de votación que colaboraban con los comandos, el citado vehículo tenía logotipo que lo ligaba con una dependencia del gobierno del estado. Cuando el vehículo y los tripulantes fueron entregados a la autoridad competente, los llevaron a distintas instancias del gobierno y nunca se informó acerca de quiénes los habían enviado y a qué organización respondían, aunque a los ciudadanos poblanos les queda claro que trabajaban para la causa de la candidata oficial y sus apoyadores.
Lo mismo se puede decir de lo sucedido en el laboratorio para alterar urnas de votación distribuidas en todo el estado de Puebla, pero que tuvo su expresión más escandalosa en la ubicada en el Hotel MM que fue descubierto y localizado gracias a una denuncia de algunos empleados del lugar, al ser resguardado por ciudadanos y militantes de la coalición JHH, mismos que de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades competentes, las autoridades tardaron en llegar, cuando llegaron los representantes de la autoridad le dieron a la fuerza pública la función de protección de los ilícitos permitiendo la salida de personas que dejaban evidente la colusión entre los del equipo electoral de la candidata oficial con las autoridades civiles y con las autoridades electorales, hecho que se considera suficiente para desconfiar de la legitimidad de las elecciones pero además constituyen delitos que deberían representar el motivo para la inmediata destitución de esas autoridades y su posterior sometimiento a un proceso penal.
En conclusión los de la candidata oficial pretenden engañar una vez más que su triunfo es legítimo y que los poblanos debemos olvidar todas las irregularidades, en tanto que nosotros aspiramos a que el recuento ayude a reconocer las irregularidades para que el TEPJF, en última instancia, determine la anulación de las elecciones de gobernador en Puebla y ordene la realización de elecciones extraordinarias, con autoridades civiles y electorales imparciales.
Con lo anterior nos devolverían a los poblanos el derecho a decidir quién debe ser nuestro gobernador o gobernadora, que caray.
Después de valorar las circunstancias de las controversias en la elección de gobernador en Puebla se puede insistir -ya lo hice en dos artículos publicados en este medio en los meses de julio y agosto- sería muy prudente que los dos candidatos con más votos, de común acuerdo, solicitaran la anulación de la pervertida elección y de ese modo devolvieran a los poblanos la posibilidad de elegir a su gobernador o gobernadora. Solicitandolo, en principio, ante los magistrados del TEEP de Puebla la anulación de la elección de gobernador y como consecuencia de ello, que el citado tribunal ordenara la realización de elecciones extraordinarias para gobernador de Puebla en los términos de la ley, (de acuerdo al artículo 20 del COIPEP).
En la decisión que pronto deberá tomar el TEEP, tendrá que entender que la época de emitir resoluciones que soslayen la normatividad vigente, se terminó. Que ahora lo razonable es resolver con estricto respeto a la ley evitando validar acciones fraudulentas, es decir la opción es, lo hacen los magistrados locales o se arriesgaran a que, como está sucediendo de modo sistemático, corrigiéndoles la plana, lo harán los magistrados del TEPJF.
Después de resolver la anulación, deberán definir las medidas que permitan asegurar, en estricto respeto con la normatividad vigente, que las autoridades electorales sean imparciales, respetuosas de los principios rectores de la actividad electoral consagrados en nuestra constitución, para ello lo más prudente sería que el CG del INE a nivel nacional atrajera la organización del proceso electoral en cuestión.
Por supuesto también vigilar que las autoridades civiles en funciones garanticen la seguridad de los ciudadanos para elegir a sus autoridades y mantener una actitud de imparcialidad. Bajo esa circunstancia podríamos conseguir que se realice un proceso electoral armonioso y que sus resultados sean incuestionables, por esta vía conseguiremos un gobierno legítimo y con una gran posibilidad de iniciar el camino para resolver los grandes retos de Puebla y de manera importante contribuir en la superación de la problemática de todo el país.