El fenómeno de la desestabilización social en la República mexicana tiene como principales características la desigualdad económica, la persistente situación de inseguridad, violencia y marginación que se ciernen sobre la mayoría de los mexicanos; es un fenómeno único, aunque para fines de análisis debemos tratarlo de modo particular separando a sus principales componentes, con el compromiso de que al final, de modo conceptual en la síntesis se presente integralmente, tal y como corresponde a su realidad.
El problema de conseguir lapacificación de nuestro país pasa por hacer un diagnóstico de la problemática de la violencia y de la inseguridad social identificando a cada uno de sus principales componentes. Una actividad desarrollada por algunos miembros de la sociedad mexicana es la de producir y comerciar bienes y mercancías prohibidas, en tal caso se debe ubicar la producción, distribución y venta de drogas, distintas al alcohol y al tabaco. Mismas que se encuentran como mercancías prohibidas para su producción y venta, aunque no totalmente para su consumo, lo que se traduce en el hecho de que los que se dedican a la citada actividad incurren en un delito que se califica como delito contra la salud y tiene que ser sancionado por ese hecho, el asunto es que por diversos motivos la actividad que se ubica en ese plano se ha desarrollado a tal grado que los aparatos de justicia del estado se han visto rebasados generando el crecimiento de las acciones para producir, distribuir y vender los estupefacientes en un mercado negro (ilegal ) que se ha constituido en una de las actividades lucrativas más rentables, y en consecuencia en fuente de grandes fortunas, pero por la lucha para controlar el mercado mencionado entre las organizaciones criminales en una de las causas importantes de la violencia, además como para su funcionamiento requiere de una organización sofisticada ha incluido en su estructura a los que desde el aparato del estado les brindan protección, a cambio de fuertes sumas de dinero y de apoyos para sus actividades de carácter político electoral y, desde luego, eso también ha evolucionado, incorporando a los que brindan tolerancia y protección para esas actividades al negocio más directamente por medio de la actividad del lavado de dinero. El mercado negro de los estupefacientes tiene una organización sofisticada y muy enquistada en áreas importantes del aparato público y privado de la economía mexicana. Para desaparecer ese mercado negro es necesario convertir el problema de las drogas en un problema de salud púbica y con ello cancelar el rentable negocio de las drogas. Convertirlo en un negocio ordinario, como es el del alcohol o el del tabaco.
Otra de las actividades que genera fuertes ganancias es el robo de combustibles a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) que tiene como origen una actividad ilícita que en un inicio se puede ubicar como respuesta a los altos precios de los combustibles, a la construcción de extensos gasoductos para distribuir los mismos a lo largo de todo el territorio nacional sin acompañarlos de las medidas de seguridad propios de este tipo de opciones para transportar a los combustibles; quienes en principio se involucraron en esa actividad ilícita fueron los relacionados con ese negocio, algunos empleados de la paraestatal, dueños de las gasolineras y pobladores de las regiones por donde pasan los gasoductos. El problema era serio pero parecía controlable, el asunto se complicó cuando los empresarios de las actividades ilícitas, el crimen organizado, se percataron de que ese espacio presentaba la posibilidad de grandes montos de ganancias, entonces, se sumaron a la citada actividad, con su dinero y organización, los capos del crimen organizado profesional y los que también se involucraron fueron algunos funcionarios gubernamentales de distinto rango en los distintos órganos de gobierno, su actividad fue la de vender protección para las actividades ilícitas y ya en un plano más desarrollado, en cuanto integración, al asumir el papel de lavadores de dinero y casi siempre adquiriendo el papel de mandos reales de las actividades ilícitas. La mezcla entre la corrupción y la violencia es evidente y eso hace más complejo el propósito de conseguir la pacificación de la sociedad mexicana.
El otro aspecto por analizar para avanzar en la comprensión del problema a resolver y conseguir la pacificación firme, aunque paulatina de la nación, es diagnosticar los rasgos principales de la integración de lo que se denomina el crimen organizado; un primer asunto es diferenciar el segmento delincuencial ordinario que se presenta en cualquier sociedad, del segmento delincuencial profesional, el primero es aquel que se vincula a los fenómenos de pobreza, marginación y desempleo, el segundo se encuentra ligado principalmente a las áreas de negocios ilegales altamente rentables. A ambos la sociedad debe combatir para reducirlo a su mínima expresión, a través de sus instituciones creadas con ese fin, a la primera se tendrá que ir resolviendo con mayores oportunidades de empleo, educación y del notable mejoramiento de las condiciones de vida de la familia, con ingresos más aceptables y con la elevación por medio de las políticas públicas de la calidad de vida. En la segunda, la combinación de una más eficiente operación de la sociedad para conseguir integrar a la vida normal a miles de jóvenes que, por falta de opciones, se enrolan como empleados del crimen organizado profesional a ello los orilla la falta de oportunidades para acceder a un trabajo legal dentro de la sociedad, en ambos casos, el combate a la delincuencia ordinaria como en la profesional será indispensable contar con fuerzas de seguridad adecuadas en cuanto a preparación y a su equipamiento para lograr combatir la acción de esos núcleos que asuelan a los ciudadanos que viven en condiciones de normalidad social.
El otro aspecto a caracterizar es con qué elementos cuenta la sociedad para conseguir la anhelada pacificación. Se cuenta con un aparato de seguridad en los gobiernos: en la seguridad civil las policías federal, estatal y municipal, en el ámbito de la seguridad militar el ejército y la marina a nivel federal. Ante las deficiencias para enfrentar a la delincuencia hoy, sobre todo, se descansa esa tarea en los órganos federales de seguridad nacional, cada uno con sus facultades para actuar definidamente en el marco legal de la nación, hoy se presenta una fuerte polémica en la denominada ley de seguridad interior que se relaciona sobre todo en otorgar facultades a la marina y al ejército para actuar legalmente en el combate a la delincuencia en el país.
La idea que prevalece en los equipos que pronto asumirán el gobierno es que se debe regresar a los órganos de seguridad nacional, ejército y marina a sus cuarteles, pero se puntualiza que eso solo será viable, cuando se cuente con órganos de seguridad interior adecuados para mantener a raya a la delincuencia, así generar las condiciones para poder lograr la pacificación de nuestro país.
Un problema es sanear a las policías, equiparlas y darles un estatus adecuado para que ellos puedan tener una vida familiar digna y decorosa, además dotarlas de una situación de facultades para actuar, que los ponga en condiciones de poder combatir a la delincuencia en situaciones de la mayor seguridad, eficacia y eficiencia.
En mi opinión eso sólo se consigue con la determinación de definir lo que se denominaría el mando circunstanciado, es decir que ante hechos delincuenciales concretos las diferentes policías estén autorizadas para actuar siempre coordinando el mando con el nivel policial que tenga la facultad de actuar en el caso; pero en caso de ausencia del correspondiente cuerpo policial, el cuerpo policiaco que se encuentre en el momento de asumir la responsabilidad de actuar cuente con toda la cobertura legal del caso y en cuanto se presente la correspondiente instancia de seguridad facultada para el caso informarle y admitir su jerarquía para entrar en una etapa de colaboración. Con eso podría quedar como innecesario el definir mandos únicos.
El combate a la corrupción y a la inseguridad se relaciona de modo muy estrecho con otorgar a los aparatos de justicia y a los órganos de supervisión y vigilancia, a los órganos autónomos de un origen que les dote de independencia y que además los respalde con el poder para cumplir con sus funciones, eso solo es posible si se realizan cambios en la normatividad del país que permitan la conformación de un federalismo moderno que deposite en las entidades federativas una mayor responsabilidad acompañada por una más intensa vigilancia de parte del gobierno central o federal. Sería pertinente para la discusión y la estructuración de las políticas públicas integrar un colegiado en la república mexicana que −en la conformación de los mandos del poder judicial y en los nombramientos de los órganos autónomos− serían la instancia en que presididos por el ejecutivo de la Nación, la asamblea de los ejecutivos de las entidades federativas realizaran el nombramiento o, en algunos casos, serían los que estructurarían las ternas para proponer ante el congreso de la unión o ante algunas de las cámaras del mismo, así que lo ahora es realizado el ejecutivo de manera individual, sería procesado de modo colegiado, por los ejecutivos de todo el País.
En lo que respecta a la planificación del desarrollo económico y en lo que sería el diseño de la estrategia económica fiscal, financiera, educativa y el diseño del nuevo sistema político el órgano colegiado de todos los ejecutivos se mantendría como un órgano consultivo del gobierno central de la república mexicana. Si iniciamos este sendero eso podría significar el diseño de una nueva forma de gobernar en correspondencia con la ya avanzada nueva forma de acceder a la responsabilidad de gobernar, tenemos que ser creativos para realizar el cambio verdadero.
Es posible que una dinámica que surja de este nuevo modelo de gobernar nos posibilite avanzar en disminuir rápidamente los hechos de impunidad y por esa vía desalentar el crecimiento de las actividades delictivas, para también lograr iniciar con firmeza el camino de la pacificación de nuestro País. Simultáneamente se debe asumir la aplicación de justicia a las víctimas de la violencia, Investigación de los crímenes, ayuda a las víctimas, castigo a los victimarios y aplicación de perdón cuando proceda, así como, la conformación de un consenso social para marchar a la pacificación.