Si Andrés Manuel gana la presidencia, que es muy probable, significaría sin lugar a dudas un cambio de régimen político, nuevas fuerzas políticas accederían al gobierno y paulatinamente al poder del estado. De eso estamos seguros los mexicanos.
En lo inmediato se plantearía iniciar un proceso de normalización de la vida democrática del país y un restablecimiento de la vigencia del estado de derecho. Todos deberemos respetar la ley.
Lo enunciado anteriormente no es poca cosa, hacerlo significa desmantelar las redes de complicidades que permiten la comisión de ilícitos y la conservación de privilegios que disfrutan de una garantizada impunidad en alto porcentaje, desmantelar eso es un verdadero triunfo por lo complejo del proceso.
Los problemas de nuestro país no deben reducirse a combatir la inseguridad y a lograr avances en el combate a la corrupción y a la impunidad, aunque en este momento son los hechos que más afectan e indignan a la sociedad mexicana. Se tiene que lograr establecer cambios que permitan superar los flagelos mencionados, pero también se debe avanzar en lograr para los mexicanos una sociedad más justa y un ambiente en el que se pueda tener condiciones de vida digna y con el bienestar que garantice una calidad de vida que proporcione alimentos, educación, esparcimiento, casa a la mayoría de los compatriotas, es decir, lo necesario para elevar significativamente la calidad de vida y el bienestar de los mexicanos.
Lo que necesitamos es que las cosas cambien verdaderamente para superar lo que he mencionado anteriormente, pero cómo se pueden proyectar sólidamente esos cambios en la estructura institucional.
Lo primero que debemos considerar es que el modelo de desarrollo económico fue diseñado con ideas simples, había que confiar en el mercado para lograr el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad, en este se olvidó tomar en cuenta que en las organizaciones empresariales predomina el criterio de la máxima ganancia, eso pretenden conseguirlo aún a costa de la eficiencia y la eficacia, sacrificar a la eficiencia en la producción y como consecuencia de ello se permiten circunstancias que posibilitan la operación de los mercados con una tendencia a la competencia imperfecta, lo que se traduce en generar tendencias que profundizan las desigualdades, tiende a concentrar la propiedad de los medios de producción, la riqueza y el ingreso, lo que sin regulación se traduce en la conformación de estructuras monopólicas que tienen como principal dinámica la maximización de la ganancia y de subordinar la eficiencia, es decir, aunque se den avances en la modernización de la planta productiva se prefiere optar por producir con capacidad instalada ociosa que compartir con la sociedad las ventajas de los avances tecnológicos, con ello obstaculizan una dinámica eficiente de producción y la dinámica del progreso tecnológico.
Lo descrito se traduce en el proceso de acumulación concentrada de la riqueza y del ingreso, los grandes consorcios se apropian de la riqueza y del ingreso, lo que con el cambio se impulsaría sería regular el funcionamiento de las empresas y de los negocios en general para que permitieran que los avances de la tecnología y se tradujeran en mayor producción y que las ganancias pudieran asociarse a una operación con un alto grado de eficiencia y evitar que se asocien a prácticas monopólicas. Al mismo tiempo que se impulsaría una política para ser competitivos por nuestros logros tecnológicos en el capital físico y en la calidad de nuestro capital humano.
Se puede afirmar que ya se tiene mucho establecido en la normatividad para evitar las practicas ineficientes y discriminadoras, cierto, muy cierto. La diferencia es que el triunfo de AMLO aseguraría el cumplimiento de esas normas existentes y las mejoraría, entre otras cosas, evitando que se establezcan las excepciones que se han traducido en una forma legal de evadir lo positivo de las mismas.
Qué bueno que hasta los integrantes del PAN reconocen la urgencia de establecer medidas asistenciales para atemperar la pobreza y marginación que hoy viven la mayoría de los mexicanos; la diferencia que MORENA tiene con ellos, es que ellos piensan quedarse allí mantener las medidas que atemperen la pobreza, no superarla, nosotros, militantes y simpatizantes de MORENA compartimos el propósito de que es necesario atemperar los efectos de lo que los gobiernos neoliberales han generado con su modelo de desarrollo, pretendemos superar esa situación y, con ello, mejorar permanentemente la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que en mi opinión solo lo garantiza el triunfo de AMLO.
El triunfo de MORENA significaría el restablecimiento del estado de derecho, MORENA no permitiría que lo que se legisle se evada y a cambio de ello se permita que órganos diseñados para organizar elecciones se erijan en legisladores escudados en un sistema de complicidades. Para ilustrar lo mencionado basta con revisar lo que la legislación electoral plantea y lo que se está aplicando.
Con un transitorio se dejó lo que constituía una obligación de los legisladores en el 2014, se vino a tratar hasta el 2017 y, como no se legisló oportunamente, se delegó como encargo a los consejeros del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE debe aplicar lo que dice la ley electoral y de ningún modo establecer cuestiones distintas a lo establecido en la ley, lo que dice el decreto transitorio constitucional emitido en Febrero del 2014 es que los legisladores debían establecer las normas asociadas al transitorio, de ninguna manera que podía dejárselo, irresponsablemente, a un órgano que no tiene facultades legislativas. El decreto constitucional en comento dice:
"PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.
"SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso
"a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:
I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:…"
II. La ley general que regule los procedimientos electorales:
"a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio;"
La consecuencia de la primera parte del punto II en su inciso a); fue lo que se estableció en la legislación vigente en la LEGIPE, LGPP y en la ley de lo contencioso electoral. Pero en cuanto a la reglamentación de la salvedad de la fecha de la jornada electoral en el proceso electoral del 2018, no se hizo nada. En caso de que sí se haya trabajado el asunto mencionado se mantiene en secreto, todo parece indicar que se omitió, por lo que considero que es y ha sido una obligación no cumplida por el Congreso de la Unión y por la autoridad electoral, evidentemente, ha faltado transparencia. Lo que pudo pretenderse sería un substituto de la imperdonable omisión fue lo que se estableció en un transitorio dentro de la LEGIPE en los términos siguientes:
Ley general de instituciones y procedimientos electorales ( LEGIPE)
(Artículo Transitorio, publicado en el diario oficial de la federación, 23 de mayo del 2014 )
"Décimo Quinto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en esta Ley a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en la presente Ley."
Ley general de Partidos Políticos
"Artículo 92.
"1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive.
"2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, integrará el expediente e informará al Consejo General."
Por esa forma de aplicar la ley, a pesar de que no se tuviera la reglamentación indispensable, de modo no explicado, casi misterioso, tenemos que la Jornada electoral será el primer domingo de julio de 2018 y no como dice la ley el primer domingo de junio, además el registro de las coaliciones, con base en un impreciso decreto constitucional que modifica lo establecido en la ley y sin la reglamentación indispensable, se ha determinado que las solicitudes de registro puedan realizarse hasta antes de que inicien las Precampañas y no como dice la ley que se debería entregar la solicitud de registro al menos treinta días antes de que se iniciaran las precampañas, eso es lo que dice la ley de partidos políticos en su artículo 92.
Los partidos han acatado lo que el INE les ha comunicado, pero por omisión o por complicidad nadie dice que el plazo concluyó el día 13 de diciembre de 2017, fecha establecida por el INE, de acuerdo a lo informado por el mismo organismo guardan silencio porque hay una coalición que realizó su solicitud posteriormente a la fecha señalada por el decreto constitucional que casi nadie conoce.
Con el triunfo de AMLO Esas prácticas que evaden el cumplimiento de la ley quedarían canceladas.
Lo primero que se haría es poner orden, comprometerse a cumplir la ley y de manera inmediata iniciar el trabajo para modificar el sistema político que ha dado muestras evidentes de agotamiento.
En ese terreno sugiero que se tome en cuenta que hay esfuerzos realizados que se deben tomar en cuenta.
Los avances logrados con las sucesivas reformas electorales permitieron que hoy el panorama político de México sea más plural e incluyente, ya hemos logrado alternancias en el gobierno de nuestro país, se ha avanzado en lo que corresponde con el camino para el acceso al poder, pero eso ha generado una incongruencia con la manera de ejercer el poder, es decir de la forma de gobernar. Frente a un sistema electoral más democrático tenemos una forma autoritaria de ejercer el poder, se continúa gobernando con las instituciones propias de cuando el sistema político era dirigido por un partido dominante casi único, no se daba alternancia, no existía pluralidad efectiva y solo se otorgaba presencia a la oposición de manera simbólica.
Lo nuevo en la realidad política es que como consecuencia de los avances en la transformación de nuestro sistema electoral hoy el panorama político es plural, incluyente, con alternancias y sumamente competitivo, lo que se conserva casi intacto es el sistema para ejercer el poder los tres poderes que integran el gobierno de la república se siguen comportando como si nada se hubiera modificado y por eso hay tantas dificultades para gobernar, una muestra de ello fue el pacto por México conseguido por el actual presidente de la República que de manera espectacular logró estructurar una serie de reformas constitucionales en temas centrales para nuestro país, todo parecía algo extraordinario, pero la concertación se dio en el ámbito de las cúpulas partidarias y en el seno de las instancias legislativas de congreso de la unión, su gran dificultad se presentó en el momento que se pretendió estructurar la legislación reglamentaria de las citadas reformas, allí se inició la complicación para su aplicación. Se optó por negociar con los grupos parlamentarios y con las burocracias partidarias para conseguir su aprobación. Lo que se notaba como imperativo, cuando se discutían las leyes secundarias era la necesidad de ampliar el abanico de fuerzas para consolidar los acuerdos necesarios y asegurar la legitimidad de las reformas y, por tanto, su viabilidad. Se debió incorporar al debate al menos a los sujetos de las reformas, a los ejecutivos de las entidades federativas, a los actores directamente incluidos en el objeto de las reformas y a los miembros de la sociedad civil.
Con una dinámica deliberativa, plural e incluyente, las reformas hubiesen presentado otros perfiles, quizá hubiesen logrado acuerdos en más tiempo y con una mayor controversia, pero una vez logradas se hubieran aplicado con mucho menos dificultades, con más eficiencia y efectividad.
La reflexión que he realizado me lleva a considerar que el rumbo del cambio institucional en nuestro país es que se construya el federalismo moderno, en el que los tres poderes mantengan su conformación pero que se garantice su independencia y su respeto por las atribuciones que tienen conferidas siempre cumpliendo con sus actividades esenciales.
Así tendríamos que afianzar el buen funcionamiento de cada uno de ellos y de manera especial garantizar un verdadero federalismo en la forma y funcionamiento del poder ejecutivo, democratizándolo, de manera que las atribuciones que antes tenía el ejecutivo de la nación las conserve, pero que esas las ejerza como representante de la asamblea constituida por todos los ejecutivos de las entidades federativas que integran a nuestro país, presidida por el ejecutivo de la nación. Es decir las funciones del ejecutivo serían atribuidas al colegiado y de ningún modo a otro de los poderes de la unión, con ello se asegura que se tomen decisiones en un panorama plural incluyente y democrático.
El ejecutivo de la nación tiene la facultad de nombrar al secretario de marina y de la defensa, con la propuesta anterior se tendría a dichos nombramientos estructurados con el consenso de los distintos titulares de las entidades federativas. Lo mismo se haría con los jefes de policía a nivel federal y con ello se podría establecer un puente de mando con las policías estatales y municipales, en suma se trataría de unificar a los policías de todo el país lo que posibilitaría una acción más eficiente y eficaz para brindar a los ciudadanos mayor seguridad.
Con ello lograríamos que se impulsara la discusión sobre las competencias de las policías de los distintos niveles, municipal, estatal y federal, para enfrentar los ilícitos dando a todos las atribuciones necesarias para asumir la responsabilidades de combatir todos los ilícitos, siempre respetando la circunstancia de que el mando dependería de las circunstancias que le den prioridad a la naturaleza del delito, lo que sería equivalente a la conformación de una policía única por su funcionamiento. Es claro que eso implicaría que se tendría que otorgar una nivelación en lo que corresponde a los niveles salariales, pero también en el nivel de equipamiento.
Logrando lo anterior se podría considerar con seriedad que los militares del ejército y la armada podrían retornar a sus cuarteles y a las funciones que les otorga hoy nuestra constitución.
Para lograr una mejor conformación institucional congruente con la nueva situación del país se deberán someter la conformación de los órganos autónomos y de los órganos encargados de administrar la justicia al colegiado que denominaría como la asamblea nacional del poder ejecutivo, para que hiciera las propuestas a los órganos correspondientes y de ese modo lograr su real independencia y su poder para poder cumplir con las funciones que se le tienen encomendadas.
Del mismo modo se encargaría a la asamblea nacional ejecutiva deliberar sobre las reformas estructurales ya decretadas para afinar su conformación de tal modo que se pueda asegurar su legitimidad, consenso y su viabilidad, con el triunfo de AMLO la discusión de una nueva conformación del sistema político tendría un espacio muy amplio en el que los problemas como el de la inseguridad el combate a la pobreza y el del funcionamiento de la democracia así como el de lograr un crecimiento económico más significativo y a partir del poder transitar, lo más rápido posible, a lograr una mejor distribución del ingreso y de la riqueza en favor de todos los mexicanos, especialmente, a favor de los que hoy se encuentran marginados y más sometidos a una vida de pobreza y marginación. Por eso es fundamental que se dé un cambio verdadero, es decir es imperativo que se asegure el triunfo de AMLO.