Introducción
En todo el mundo existe el fenómeno de realizar acciones fuera de lo que establece la normatividad, ética y moral, eso se presenta en todos los niveles de las sociedades con una diversa intensidad, lo importante aquí es poder diferenciar lo grave que es cuando eso se presenta en los ciudadanos ordinarios o cuando ello se da en las personas que cuentan con importancia pública y privada, que se asocia a un rango de poder, eso hace que sus acciones afecten a personas que no tienen responsabilidad en esos eventos y, sin embargo, se ven afectados por esas conductas. Es decir que la corrupción tiene diversas categorías, no se puede igualar a un ciudadano que viola la reglamentación para comprar boleto de entrada al futbol, con el que arregla los resultados de un partido para beneficiarse con las apuestas. En el primer caso, solo compró el privilegio de no tener que hacer fila, y, en cambio, el segundo caso cometió un fraude al incidir en el resultado del juego para obtener beneficios económicos muy considerables. De igual modo podemos considerar que es más grave cuando un funcionario público incurre en prevaricación, peculado o en otro ilícito para beneficiarse o beneficiar a alguna persona que no le correspondería si se cumpliera con la normatividad.
Es pertinente considerar que el ciudadano ordinario se desempeña dentro de un sistema previamente diseñado en el que él tiene que desenvolverse, en tanto existen ciudadanos que controlan el sistema a nivel público y privado al grado en que se puede decir que lo diseñan, el caso es que la prensa, radio, televisión, las redes sociales y el Internet dan cuenta de la forma en que se establecen los contrastes entre los que violan la ley y no tienen poder, con ellos es normal que se apliquen las leyes para evitar que se realicen hechos que afectan el funcionamiento de la vida social normal, en tal caso el problema de la corrupción viene asociada a los vericuetos que los que aplican la ley realizan para obtener beneficios y con ello obligan, al que delinquió y al que fue víctima del acto delincuencial, a transitar en el terreno de los trámites burocráticos que se encuentran plagados de situaciones auspiciadoras de actos de corrupción. La corrupción no es un asunto cultural, pero en estos casos se convierte en un asunto de carácter sistémico, es decir, si quieres resolver el problema en que te has involucrado tienes que transitar por ese entramado. En tanto que aquellos que tienen poder y cometen ilícitos frecuentemente realizan acciones que encausan su asunto por la vía de las influencias para desviar la aplicación plena de la legislación aplicable al caso de que se trate. Además como las grandes organizaciones pueden realizar proyectos fuera de la normatividad y cientos o miles de ciudadanos tienen que trabajar en esos proyectos a pesar de su naturaleza. Para los que tienen poder la aplicación de la ley presenta sinuosos caminos, en tanto que para los que no lo tienen, son ciudadanos ordinarios y hasta pueden ser víctimas de abusos de los encargados de administrar justicia.
En general podemos decir que el problema de la corrupción consiste en realizar acciones que violan las normas establecidas para obtener beneficios personales o de grupo, pero la corrupción de los que detentan el poder político o económico es el abuso de la función pública en beneficio privado. El acto de no respeto a la ley por parte de los que detentar el poder político y/o económico es lo que convierte a los actos ilícitos en asuntos de carácter sistémico, la forma más compleja y peligrosa de la corrupción.
En busca de una definición
Para poder aproximarnos a definir el fenómeno de la corrupción es necesario recurrir a describir lo que se debe entender por gobernabilidad, de acuerdo con especialistas debe entenderse como:
--- el conjunto de tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país en pos del bien común.
--- Quedan comprendidos en esta definición el proceso de elección, supervisión y reemplazo de quienes ejercen esa autoridad (la dimensión política),
--- la capacidad del gobierno para gestionar eficazmente los recursos y poner en práctica políticas acertadas (la dimensión económica) y el respeto de los ciudadanos y del Estado por las instituciones del país (la dimensión del respeto institucional).
Por el contrario, la corrupción se define de manera más acotada como “el abuso de la función pública en beneficio privado”.
En consonancia con lo que expresé en mi introducción, si queremos entender con mayor profundidad el fenómeno de la corrupción tenemos que establecer que una de las formas más perniciosas del flagelo es la que la convierte en un asunto sistémico. Tal es el caso de lo que se denomina como “la captura del estado¨ que consiste en:
Una forma de corrupción a gran escala. En las economías en transición, la corrupción ha forjado una nueva imagen: la de los llamados oligarcas que operan legalmente y los que operan como parte de los grupos delictivos, así como la conjunción de ambos, que manipulan la formulación de las políticas e incluso configuran las nuevas reglas del juego para su propio beneficio. Éste es el comportamiento que denominamos captura del Estado. Si bien esta forma de corrupción a gran escala se reconoce como el problema más pernicioso y difícil de detectar en la economía política de las reformas institucionales y económicas, se han hecho pocos esfuerzos sistemáticos para distinguir sus causas y consecuencias de las otras formas de corrupción.
Tampoco ha habido intentos de medir esta clase específica de corrupción ni de comparar su incidencia en los distintos países. Por captura del Estado entendemos los intentos de las empresas legales e ilegales y de los poderosos, para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado a cambio de pagos ilícitos con carácter privado a los funcionarios públicos.
Lo singular de esa modalidad de ilícito es que convierte a la ley, a las normas morales y éticas básicas, en vulnerables y permite que hasta se dé un fenómeno de substitución de esas normas por otras, casi siempre alegando una interpretación funcional de la ley. La verdad es que se induce a establecer la vigencia de acuerdos de poder como normas no escritas que convierten en perfiles de conducta perniciosas, las que rigen el desempeño de los encargados de administrar la aplicación de las normas para la convivencia, eso en mi opinión es lo que genera un fenómeno de corrupción sistémica.
Para lograr extirpar a la situación de corrupción en la sociedad se deben impulsar campañas de concientización, para eliminar de la mente de los ciudadanos que lo adecuado es aprovecharse de la situación en perjuicio de nuestros conciudadanos, procurar hacer eficientes las funciones del estado y del gobierno en lo que concierne en el cumplimiento de las obligaciones de todos los ciudadanos y lograr una óptima eficiencia en la administración de la justicia y de la prestación y el cobro de los servicios públicos, en suma conseguir una aceptable situación de gobernabilidad, lo que se debe traducir en lograr corresponder con lo definido como “gobernabilidad” o sea el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país; esta comprende:
1) el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus mecanismos de rendición de cuentas al público en general;
2) la capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas, leyes adecuadas para el desarrollo del país, el bien común, y
3) el respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus relaciones económicas y sociales.
Un amplio conjunto de indicadores internacionales informa la discusión sobre las diversas dimensiones de la gobernabilidad. En nuestro estudio identificamos varios cientos de medidas de este tipo, los indicadores, principalmente cualitativos, son elaborados por diversas entidades (servicios comerciales de estimación de riesgo, organismos multilaterales, fundaciones de investigación y otras organizaciones no gubernamentales), reflejan las perspectivas de diversos observadores (expertos, empresas y ciudadanos) y abarcan una amplia gama de temas (la estabilidad política y el entorno empresarial, opiniones sobre la eficiencia de los servicios públicos, el nivel de corrupción, etc.). Lo complicado del concepto corrupción es que se puede decir que al violar las leyes en general es una conducta delictiva y, de alguna manera, una determinada forma de corrupción de lo que puede decirse es el sistema social de convivencia. La solución a todo el problema es lograr que todos aceptemos como obligación respetar lo establecido como normas de convivencia.
Para la mayoría de los ciudadanos el asunto no presenta un gran esfuerzo, más bien significa cambiar algunos patrones culturales respecto a la convivencia en la vida cotidiana, es posible que esto explique que ya algunos que han abordado el tema lo consideraron como un problema cultural, cuando lo que los ciudadanos necesitamos se ofrece de manera ineficiente, la tentación de sacarle la vuelta al sistema es mucha y en ese caso la solución es organizar eficientemente los servicios públicos y privados. Donde el asunto se torna más difícil es cuando pretendemos superar lo que he llamado el sistema de corrupción sistémico, se trata de hacer que los poderosos, que son tales porque no han respetado la ley, la respeten, ese por supuesto no es un problema cultural de manera principal, es un problema político de lucha por el poder, porque solo con poder se puede lograr el orden para que los poderosos respeten las normas establecidas, o sea que el combate a la corrupción corre junto a la lucha por establecer el estado de derecho, pero en serio, no a medias.
Tratamiento del Problema
Aceptando las acotaciones del problema de la corrupción es pertinente proceder a analizar lo que hoy está sucediendo en nuestro País, tenemos ejemplos de todas y cada una de las formas de comisión de ilícito y de la modalidad que sigue en los campos de su procesamiento, es decir de la aplicación de la ley. Tenemos casos en los que desde el sector público cometen ilícitos y, a pesar de su responsabilidad innegable por las facultades que tienen pretenden hacer creer que no cometieron falta alguna y que otros fueron los que delinquieron, viene a mi memoria la reciente entrevista al senador don Manuel Bartlett, cuando lo interrogaron sobre el resultado de las elecciones presidenciales en el año de 1988, él negó tener responsabilidad en lo que se denominó la caída del sistema y, además, dijo que realmente fue el presidente de México, el Lic. Miguel de la Madrid quien lo ordenó, sin los datos que lo respaldaran, declarar vencedor en la contienda al Lic. Carlos Salinas de Gortari.
Cierto, el Presidente no debió ordenar que se declarara ganador al Lic. Carlos Salinas de Gortari, no tenía facultades para hacerlo, pero el asunto se complica porque el personaje entrevistado, fungía como Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión electoral, lo que arroja también una muy clara responsabilidad en el hecho. Es de hacerse notar que aceptar a modo de autocrítica que el asunto ilegitimo sucedió en el contexto de un presidencialismo todopoderoso, el secretario de Gobernación debía obedecer o atenerse a las consecuencias, el Senador optó por la disciplina al sistema.
Tal asunto simplemente no se procesó por la autoridad competente a pesar de los reclamos que un gran número de ciudadanos mexicanos formularon (Para mayor información al respecto es pertinente consultar lo publicado por Leonardo Curzio como resultado de la entrevista al senador mencionado, en Enfoque Noticias). Pero de mayor relevancia es que el senador Manuel Bartlett ahora ha decidido libremente pasar a combatir las prácticas ilícitas de los poderosos que corrompen los procesos democráticos de nuestro país.
La situación de pobreza y falta de empleo en poblaciones de nuestro país lleva al trabajo infantil, el caso se presenta en muchas partes de nuestro México, como ejemplo de ello citaré lo que sucede en Xocotla, poblado perteneciente a Coscomatepec, en el centro de Veracruz donde muchas familias solo esperan a que sus hijos sean capaces de soportar sobre sus hombros el bulto de cemento de 50 Kg., para enviarlos a la capital del País a trabajar como ayudantes de albañil. Las constructoras que los contratan violan la ley incorporándolos sin contrato legal y por tanto sin los derechos que contempla la ley, esas empresas violan la ley y con ello se presenta una muy importante red de corrupción, los empresarios y los que deberían vigilarlos desde las instituciones integran un red que deja indefensos a los jóvenes que se emplean en la construcción en la ciudad de México.
De acuerdo con información basada en estimaciones de especialistas de la UNAM, en el País hay alrededor de 3.6 millones de niños que trabajan. La situación de ellos podrá cambiar si se logra poner orden en la perversa combinación de pobreza extrema, empresas voraces y estado omiso, sin duda una forma de red de corrupción (Editorial de El Universal, 05/09/2017).
Otro ámbito que refleja cuestiones irregulares es el relacionado con la constitución de los órganos autónomos de vigilancia, de operación y de fiscalización, que entre otros se puede mencionar al Banco de México, al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), etcétera.
Todos ellos tienen atribuciones y facultades claves para el desarrollo de nuestro País pero la novedad es que parte fundamental de su funcionamiento ha sido capturado por organismos ajenos a sus funciones y eso no permite que cumplan con sus responsabilidades. La forma que toma el fenómeno irregular es el de la captura de esas instituciones por los que deberían ser regulados y ello se traduce en que se conviertan en juez y parte de esas instituciones.
Esto se presenta con mucha frecuencia en la operación del INE, en donde los partidos casi de manera sistemática establecen normas que los benefician, tal fue el caso que en la reforma de 2014 establecieron que el acceso a los medios de comunicación por parte de partido y candidatos se diera en los tiempos del estado de manera gratuita y, sin embargo, conservaron los recursos que ellos destinaban a sus actividades en los medios, de acuerdo a sus propios informes alcanzaba hasta un 80% de lo que constituían sus gastos, eso representó una ampliación de los recursos de que dispondrían los partidos. Si hoy se quisiera ahorrar bastaría con hacer el ajuste que debía hacerse en el momento de la reforma citada, si es gratuito el acceso a los medios justo sería que los partidos dejaran de percibir esos ingresos. El problema es la virtual captura del INE y de las cámaras por los partidos políticos.
Otro caso de ilícito es el que se presenta cuando altos funcionarios de las empresas públicas realizan operaciones irregulares para obtener beneficios privados, un ejemplo de ello es lo realizado en PEMEX al aceptar sobornos de empresas Internacionales para otorgar contratos ventajosos a esas empresas. Eso queda ubicado en lo confesado por los directivos de la empresa Odebresht que involucra a altos directivos de Pemex y al mismo Ex director general de esa gran empresa. En tal escandalo está involucrado, de acuerdo a las notas periodísticas, al ex Director de PEMEX Emilio Lozoya, la constructora mencionada corrompió a casi toda Latinoamérica. Pagó sobornos en 12 países y por eso varios de sus directivos, incluyendo a su líder Marcelo Odebrecht están enjuiciados o tras las rejas, la misma suerte han seguido Presidentes, expresidentes y funcionarios de alto nivel involucrados en los actos ilícitos, en México no ha pasado nada, de todo lo mencionado el Procurador de la Republica estaba informado, sin embargo lo tenía reservado y no se le dio la importancia que tiene, pero el escándalo tarde o temprano sería del dominio público.
En los primeros días del mes de septiembre se dieron a conocer las declaraciones juramentadas de funcionarios de la constructora que señalaron puntualmente a Emilio Lozoya Austin como parte de los ilícitos cometidos, personaje que es muy cercano, amigo y colaborador del presidente Enrique Peña Nieto. La actitud del Procurador fue omisa, no citó a declarar a don Emilio, la conducta de la constructora puede explicarse quizá por las cancelaciones de contratos a la empresa constructora, el hecho es que allí está el acto de corrupción y de la captura del aparato gubernamental por los intereses privados por medio de los sobornos.
De igual complejidad será el combate a las prácticas ilícitas de funcionarios y de empresarios que sin conciencia ecológica no respetan la normatividad de la materia y, con ello, dañan la calidad de vida de los ciudadanos. Se tiene que detener la contaminación de los ríos, la constante erosión de los bosques y, además, hoy es urgente corregir la ligereza con que se aborda lo relacionado con las normas de construcción, el sismo y sus consecuencias nos han puesto en alerta de lo importante que es cuidar las normas de construcción.
Solo nos falta agregar la captura del estado por los intereses privados relacionados con lo que se denomina el crimen organizado, los ejemplos abundan si revisamos las notas informativas en donde se relaciona a altas autoridades en las entidades federativas y en el gobierno central de la federación en donde se da cuenta de la vinculación con las bandas del crimen organizado, la modalidad que toma ese vínculo es el de la venta de protección o el del lavado de dinero, basta con mencionar el fenómeno de los cárteles de la droga y hoy de modo novedoso el vinculado al de los huachicoleros.
México puede poner remedio paulatino a estos ilícitos si tiene instituciones que permitan la corrección de las descontroladas operaciones de los que detentan el poder, en mi opinión debemos apuntar hacia la restauración del estado de derecho en México, hacer que se respete la ley se puede lograr si se establece el camino del moderno federalismo que consiste en crear instituciones que fortalezcan la estructura institucional del estado apoyando en el cumplimiento de sus obligaciones a los que nos gobiernan y, al mismo tiempo, que se erijan en vigilantes y supervisoras de que los derechos y atribuciones del estado se cumplan.
Hacer afín la forma de acceder al poder con la forma de gobernar, establecer órganos colegiados que permitan en el gobierno central de la federación y en las entidades federativas (establecer los colegiados que agrupen a los ejecutivos para conformar las asambleas supremas del poder ejecutivo en el ámbito federal y a nivel de las entidades federativas), que se democratice el poder ejecutivo para así posibilitar la aparición de instituciones realmente autónomas que sirvan para lo que han sido diseñadas y de ningún modo se permita la captura de éstas por entes no adecuados.
Se podría alegar en contra de lo propuesto que en los colegiados se tendrá a los gobernantes y podía suceder la captura del estado, que orientaría a subordinar los intereses democráticos de los mexicanos a los intereses de grupo o particulares, tal hecho no se dará, porque será evitado con la presencia de ejecutivos de las distintas fuerzas políticas que no pueden acceder directamente a moldear la ley de acuerdo a su conveniencia. Sería en principio una buena forma de lograr equilibrios para afianzar el funcionamiento del estado de derecho.