Cuando se pretende continuar con la consolidación del sistema democrático en un país como el nuestro, completar la estructura para el ejercicio de los principales componentes del sistema democrático, es decir, además de elegir democráticamente a nuestras autoridades instaurar el marco para que el ejercicio del poder se dé con plena vigencia de los elementos que conforman un gobierno plural, incluyente, debemos entender que nuestro punto de partida es sumamente complejo.
Partimos de que el devenir de la democracia se inició en un ambiente autoritario y excluyente, logramos como sociedad superar tal realidad sumando a aquellos que fueron beneficiados o parte del sistema autoritario que ya se habían convencido de que lo adecuado era construir un sistema electoral que permitiera, en la participación ciudadana la competencia, la inclusión y la alternancia y el respeto a la voluntad ciudadana. En ese aspecto hay grandes avances, se ha diseñado y establecido una estructura institucional que de funcionar plenamente nos daría un sistema democrático digno de ser ejemplo de toda América Latina. El problema es que en la forma de ejercer el poder de nuestro sistema político se conservan los rasgos autoritarios, ello interfiere en el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales. Con frecuencia su interferencia se traduce en actos indeseables que empañan el desempeño de nuestras instituciones y abonan a generar la elección de gobernantes con muy pequeña legitimidad, pensando en la necesaria para gobernar un país grande y complejo como México.
Lo anterior hace imperativo pensar cómo dar el paso de completar nuestro sistema democrático, para ello debemos superar el centralismo, el autoritarismo, la inseguridad, el bajo crecimiento económico, la impunidad y la corrupción. Todo lo mencionado existe en las esferas más importantes de la vida de nuestro país. ¿Cómo y con qué superarlo?
Aquí se trata de formular un criterio para avanzar en la clasificación de los ciudadanos mexicanos, en buenos y malos sería insuficiente, lo correcto sería ordenarlos como aquellos que han decidido corregir los males que aquejan a nuestra sociedad y que impide el desarrollo y el mejoramiento de los niveles y calidad de vida, para lograr superar esos obstáculos frente a aquellos que pretenden mantener de manera directa o disimulada los privilegios que les aseguran seguir disfrutando de canonjías a costa de la pobreza y de la marginación económica, política y cultural de la mayoría de los mexicanos. Así creo que debe definirse el campo de disputa por el poder en nuestro país. Con esta idea ya podemos pensar en cómo pasar a completar nuestro sistema político democrático, sobre la base de qué ideas y con quiénes pasar a construir una forma nueva de gobernar, propia de los nuevos tiempos de la sociedad mexicana.
La geometría política del mundo se ha vuelto más compleja, en las lides electorales encontramos frecuentes alianzas que de acuerdo a la ortodoxia tradicional son incongruentes, sin embargo es preciso reflexionar respecto a que las grandes temáticas han modificado su composición y su forma de establecer las prioridades para un orden que permita el avance de la sociedad en beneficio de los ciudadanos y de sus familias.
México no es la excepción y en consecuencia debemos entender lo que se ha venido presentando en nuestro país en donde militantes de los partidos nuevos y de los más antiguos encuentran necesario buscar definiciones para abordar en sus programas todos los temas de la sociedad moderna, y ese proceso ha permitido que estructuras partidarias antes incompatibles hoy puedan plantearse sistemas de alianzas electorales y de gobierno para poder abordar la complejidad de la problemática de gobernar a la sociedad mexicana actual. Lo que detecto es la necesidad de replantear lo que se debe entender con ser de izquierda o de derecha o del centro político. En ese contexto se podría iniciar una reclasificación, si fuera necesaria, si los actuales partidos son de Izquierda o de Derecha, posiblemente la prioridad se ha desplazado hacia la congruencia de los planteamientos de los partidos, en relación con sus propósitos manifiestos y, además, con la eficacia de sus propuestas para resolver los grandes problemas de los mexicanos.
En la actual coyuntura electoral sería de gran utilidad hacer un intento de reclasificación, de acuerdo a sus postulados en los distintos temas de la agenda política de los partidos a la forma de resolverlos y por tanto a la historia de su desempeño, con nuevos criterios como los que he enunciado anteriormente, y me atrevería a clasificarlos por sus inclinaciones en lo mencionado como progresistas o como conservadores de las situaciones de privilegio y de estancamiento. Así lo que se estaría ventilando en la coyuntura es si los núcleos partidarios se comprometen con un cambio o si bajo modalidades diversas se pronuncian por continuar con las formas de gobernar que mantienen una situación de estancamiento y de ingobernabilidad.
Lo primero que se debe establecer es la necesidad de fijar las normas de convivencia en todos los planos para tener un referente objetivo que permita determinar lo que debe entenderse como un estado de derecho y de ese modo delimitar lo que significa comprometerse con lograr la suma de voluntades para tender a resolver los grandes retos de la sociedad Mexicana. En el ámbito económico proseguir un rumbo que conduzca al crecimiento económico, aunado a conseguir que ello se traduzca en una mejor distribución de la riqueza y del ingreso; en lo Político se debe definir el camino para lograr una conformación estatal vinculada a los intereses de la mayoría de los mexicanos, lo que se deberá traducir en procesos y procedimientos de acceso al poder estatal más incluyentes, plurales, representativos y transparentes, al mismo tiempo que, en consonancia con lo mencionado, se debe lograr una forma de gobernar congruente con la nueva circunstancia del proceso de acceso al poder. A ese nuevo modelo de gobernar yo lo he denominado como la construcción del moderno federalismo, que consiste en lograr, a través de la constitución de poderes ejecutivos colegiados, establecer un poder que ayude a los ejecutivos de todos los niveles de gobierno a cumplir sus objetivos y se constituya también en un órgano de vigilancia con las facultades que le permitan establecer el equilibrio del poder de gobernar ejecutivamente, con el objetivo de supervisar al ejercicio del poder de manera también ejecutiva.
Adicionalmente a lo anterior se debe establecer como obligación y competencia del ejecutivo, del nivel de que se trate, la necesidad de someter a consideración del colegiado de ejecutivos que le corresponda, sus decisiones de proponer al poder legislativo sus ternas para su ratificación en el congreso de la Unión. En ello queda incluida la atribución de los ejecutivos de proponer a los integrantes de otros poderes, tal es el caso de los integrantes del poder judicial y de la mayoría de casos de nombramientos de los integrantes de los órganos autónomos. De ese modo se lograría conformar órganos autónomos independientes y con poder para cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley; uno de los poderes que al constituirse se vincula de modo subordinado al ejecutivo es el poder judicial. Con los cambios que he propuesto de hecho se tendría un poder judicial independiente y con el poder para cumplir cabalmente con sus funciones y atribuciones, la justicia estaría en buenas y poderosas manos.
Con ello estoy perfilando que lo que se ha establecido para resolver los grandes problemas de nuestro país, estaríamos cerca de iniciar un camino para ir superando las barreras y rezagos. En lugar de tener un sistema anticorrupción dependiente de los que gobiernan y han establecido un sistema limitado para superar nuestros rezagos, tendríamos basados en la pluralidad de nuestro sistema de poder, un sistema de equilibrio que nos garantizaría la corrección de los entramados de complicidades y, por ello, una mejor calidad en la impartición de la justicia y la mejor administración de nuestros recursos y la consecución de niveles aceptables de gobernabilidad.
Es indispensable superar el gobierno de correlación de fuerzas que subordina al estado de derecho para someterlo a una dinámica de normatividad funcional o de acuerdos de tipo partidario que interpreta el derecho funcionalmente o como le conviene. Eso se debe superar y poner una normatividad que deberá ser respetada, es decir lograr equilibrios para consolidar el estado de derecho y no para establecer formas de eludir a la normatividad. Para ello se debe instaurar un poder que incluya a los ejecutivos de manera colegiada, los apoye y a la vez los vigile y supervise.
En resumen, se tiene que diseñar un forma de red normativa que garantice su aprobación y que logre que la convivencia en la sociedad mexicana se base en el respeto de ese sistema de relaciones sociales de convivencia en lo Político, Social, Económico, cultural. El propósito será conseguir que sea lo congruente con nuestra pretensión de lograr un mejor nivel y calidad de vida para la mayoría de los mexicanos.
Lo anterior solo lo podremos conseguir si nuestro criterio para sumar a los mexicanos al proyecto de transformación los clasifica como gente progresista, y además comprometida con el proyecto que se propone superar los rezagos. Si los partidarios de esto son ciudadanos que han estado comprometidos desde hace mucho con las causas de los mexicanos pobres y marginados, es bueno, pero si entendemos que la transformación del país necesita de la mayoría de los mexicanos debemos admitir y estar receptivos respecto a los que habiendo estado comprometidos con otros enfoques, han llegado a la conclusión de que comparten el proyecto de transformación, todos ellos deben ser sumados a la oleada democrática y considerarlos como lo valiosos que son. Solo así podremos superar los límites que antes nos habían impedido lograr la transformación.