Sabemos que la situación de México es compleja pero no irresoluble, tenemos esperanza y una gran oportunidad para hacer lo adecuado y superar muchos de nuestros principales retos, conseguir vivir en paz y con una notoria mejoría en nuestra calidad de vida, en todos los órdenes.
Tenemos que aceptar lo evidente: las cosas no están funcionando bien. Lo primero es que estamos atravesando por agudas dificultades económicas por problemas del país como la caída del precio del petróleo, que con nuestra dependencia de esos ingresos hemos sufrido agudos problemas fiscales y financieros, vivimos un innegable deterioro de la vida política que se muestra con la constante crisis de credibilidad de nuestros gobernantes por sus actos ilícitos e ilegítimos, y por su incapacidad para resolver nuestros grandes problemas; ello ha generado un gran desprestigio del sistema político en lo electoral, no por sus procedimientos, sino principalmente porqué por medio de él podrán llegar al poder gobernantes que no cumplen sus obligaciones básicas, por ello recurren a gobernar con un alto grado de autoritarismo y, en el peor de los casos, con muestra de una intensa recurrencia al engaño, la corrupción, y la inseguridad. A este fenómeno, que es de pleno conocimiento de los mexicanos a través de los medios de información, se suma lo que cotidianamente viven. Aunado a lo anterior encontramos una marcadísima desconfianza hacia las autoridades de todos los niveles de gobierno, por sus actos que hoy se realizan con un alto nivel de transparencia pero con frecuencia acompañados de una marcada dosis de cinismo. La impunidad hace que los ilícitos no se sancionen, y aunque es un avance conocer lo que hacen los que nos gobiernan, se mantiene un alto nivel de impunidad y las instancias institucionales no alcanzan a resolver el problema; se tiene que iniciar un fortalecimiento de nuestra organización, apuntalando algunas de las instancias institucionales, pero también creando las necesarias en función de la nueva realidad del país.
Se trata de evitar que por la inadecuada estructura institucional se presenten casos como el del senador Francisco García Cabeza de Vaca, que de acuerdo a la columna escrita por el periodista Jorge Fernández Menéndez se presume puede estar involucrado en hechos ilícitos. En igual circunstancia se encuentra lo sucedido con el ex gobernador de Coahuila del que se presume se extralimitó en sus funciones al dejar endeudada a su entidad federativa, en la misma circunstancia de insuficiencia institucional se incluye lo sucedido en Iguala con la violencia y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con los recientes hechos de la desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz y con todos los casos de hechos violentos y complejos sucedidos en México, de los que no se plantea una resolución creíble y eficaz.
Lo antes mencionado configura una importante necesidad de crear estructuras institucionales que permitan analizar con objetividad, con participación plural, un ambiente de tolerancia y con un gran margen de eficiencia y de eficacia, para ello es necesario asumir que lo que se requiere es un sistema político al que se puede denominar como la democracia indirecta representativa, deliberativa, plural y conectada con la realidad del mosaico político de nuestro país.
Además de aceptar para nuestro sistema político republicano el principio de la separación de poderes- Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se tiene que extender lo necesario para que el poder ejecutivo funcione de manera democrática representativa en sus decisiones fundamentales y además que incluya en su funcionamiento un sistema democrático de representativo y deliberativo para procesar sus proyectos, definir las prioridades en su elaboración , así como en su ejecución, se requiere democratizar las acciones de la instancia republicana donde descansa el poder ejecutivo.
En esta idea se sustenta el proyecto de un moderno federalismo. En principio se traducirá en incorporar a órganos colegiados de poder a los titulares del poder ejecutivo en sus distintas instancias, tendríamos así que conformar un colegiado, La asamblea del poder Republicano, que incluiría al Presidente de la república y a los gobernadores de las entidades federativas; en las entidades Federativas se constituiría la asamblea del poder estatal con el Gobernador y los presidentes municipales de la entidad federativa de que se trate. En los municipios se tiene el colegiado regulado en la constitución, sólo se le agregaría a ese colegiado al menos un representante de las Juntas auxiliares. Todo lo anterior se tendría que establecer en sendas reformas a la constitución.
- En tanto se puede impulsar y lograr las modificaciones constitucionales vinculadas a este proyecto de nuevo sistema político para nuestro país se puede ir avanzando paulatinamente hacia esa conformación, se debe aprovechar el funcionamiento de la CONAGO, sumándole a ella la participación del titular de la presidencia y con acuerdos pertinentes se podría encargar a la instancia la discusión de los problemas más importantes del país y asignarles de ya, el nombramiento de los titulares de los órganos autónomos, los de supervisión y vigilancia y de los titulares de las instancias de seguridad del País. Así la democracia podría orientarse a ser indirecta representativa, plural y deliberativa, algo muy importante la haría confiable, eficiente y eficaz.
- Es de resaltar que en la CONAGO ya se inició el trabajo que apunta en el sentido señalado, de acuerdo a lo publicado el día 1 de marzo en el diario Excélsior al inicio de la gestión del nuevo presidente de la CONAGO, el Gobernador de Oaxaca Gabino Cue, ya se ventila la conformación de las 32 policías únicas correspondientes a las 32 entidades federativas. Y los avances de la aplicación del nuevo sistema judicial. Aún se mantiene como requisito para generar acuerdos casi vinculatorios tendiendo a superar la necesidad de los acuerdos unánimes. Aun así ya es un gran avance orientarse a lograr perfilar una nueva forma de institucionalidad federalista.
El tejido institucional para resolver los problemas de México pasa por un momento muy complicado, las instituciones tienen que asumir la solución en casos donde los sujetos de los procedimiento tiene altas responsabilidades, se dan casos en los que son juzgados se encuentran jerárquicamente por encima de los que son encargados de analizar y sancionar, en su caso, las conductas ilícitas y delincuenciales; el resultado es la creciente impunidad y con ello el desarrollo de una imparable falta de credibilidad. En este caso se debe entender lo que sucedió en la SEIDO que fue creada para perseguir el lavado de dinero (“cuidado con los cuidadores” Manuel Jáuregui, 27 de Enero, diario Reforma) reporta que fue detenida la directora adjunta de la unidad anti lavado de la citada corporación junto con uno de sus fiscales y un agente, lo que nos permitió conocer que en la misma unidad ese grupo se dedicaba a extorsionar a empresarios haciendo uso de órdenes de presentación falsas para así obtener dinero de las víctimas de esos ilícitos, que se vinculan con autoridades de alto rango y cuando se descubre la comisión de los ilícitos se quedan para el anecdotario y se impone la impunidad. Digno de mencionarse por su reciente impacto en la política internacional es el caso de la detención del Ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, Humberto Moreira y muchos casos más. Todos han abonado por sus desenlaces a la falta de credibilidad en la justicia mexicana, el remedio en mi opinión es la estructuración de un sistema de poder que dote a nuestras instituciones de la capacidad de llamar a cuentas a todas las instancias de poder y que si el resultado es de fincar una responsabilidad cuente también con la posibilidad de aplicar las sanciones correspondientes. En caso de que se llegue a una resolución exculpatoria tenga la credibilidad necesaria para reivindicar al acusado injustamente.
Lo mencionado se podrá conseguir si a los encargados de supervisar vigilar y sancionar se les dota de un poder autónomo de las instancias e investiduras que le corresponderá vigilar, por ello sostengo el imperativo de que los organismos autónomos del aparato institucional y los órganos de defensa seguridad y de impartición de justicia dependan de colegiados de poder ejecutivo en las distintas instancias de la estructura institucional, o sea, que ellos sean nombrados por los colegiados de los distintos niveles: la asamblea suprema de la República, la asamblea suprema de la entidad federativa y los cabildos de los ayuntamientos que integren a una representación de las juntas auxiliares. Las instancias mencionadas serían las encargadas de nombrar a los integrantes de los órganos autónomos a los titulares del poder judicial, a los titulares de la policía, ejército y la armada de nuestro país. Del mismo modo ante ellos tendrían la obligación de rendir cuentas. En cuanto a la pertinencia de crear los espacios democráticos en el ejercicio del poder que sean plurales, representativos, deliberativos e incluyentes se puede sustentar en el hecho de que se ha avanzado en la aplicación de la reforma educativa, por ejemplo, en Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y en otras entidades federativas en correspondencia de la incorporación, a todo el proceso, de las autoridades ejecutivas de los correspondientes estados de la república. Por eso considero importante crear el espacio institucional que permita que en las decisiones se escuche y se tome en cuenta la opinión de los ejecutivos de las entidades federativas.
El entramado institucional descrito tendría como tarea inmediata discutir los problemas económicos, políticos, sociales y de seguridad de nuestro México, para así perfilar las líneas más importantes de su solución y desde allí orientar a las distintas instancias del poder ejecutivo para aplicar las políticas de un programa general de gobierno, de éste modo, podremos comenzar a resolver nuestra compleja y difícil problemática.