Las reformas, para ser tales, deberán aplicarse. El dilema que se le presenta a la actual administración federal es que después de lograr consensuar las importantes reformas, asunto bastante significativo, la concreción de las mismas pasa por lograr sumar toda la fuerza del estado nacional para conseguir su reglamentación, en las leyes reglamentarias, y lo que es más importante su aplicación.
Las reformas constitucionales han representado un loable esfuerzo para superar las grandes problemáticas que enfrenta nuestra nación, pero se han detenido en lograr la armonía entre lo que son avances indiscutibles en la forma para llegar a conseguir el poder, es decir, el acceso al mismo y lo que significa la forma institucional para el ejercicio del poder. Especialmente si se consideran los desajustes que se generan por haber arribado a un sistema político que ya incorpora un respetable sistema de acceso al poder plural, incluyente, con alternancia, y con una creciente equidad en los procesos de elección de autoridades.
Se trata pues, de lograr construir una estructura de ejercicio del poder estatal afín a las nuevas circunstancias, en mi opinión la clave se encuentra en una nueva forma de federalismo como la vía para integrar los poderes de las entidades federativas y al sistema central de gobierno de la federación. La forma que, en distintos momentos, he planteado como propuesta consiste en la creación de la asamblea nacional de la República Mexicana. Lo planteado viene a cuento porque ese sería el rumbo, si existieran las condiciones necesarias, para fortalecer la unidad de nuestro estado nacional; la verdad es que existe la necesidad, pero la realidad exige un proceso de transición para arribar a lo que sería la concreción de mi sugerencia.
Es indispensable tomar en cuenta que existen procesos en marcha en circunstancias definidas por el devenir de nuestro país, pero también se debe hacer notar que existen avances institucionales que pueden servir para apuntalar la consolidación del estado democrático, por ello se debe impulsar la consolidación de la conferencia de gobernadores sumando institucionalmente al ejecutivo de la nación, lo que significaría transformarla en una virtual asamblea nacional del supremo poder de la república mexicana, tal conformación orgánica dotarla de una consistencia intensa al estado, siempre y cuando fuera acompañada de una pertinente reglamentación de funcionamiento y, de modo especial, dotarla de funciones de instancia deliberativa y, bajo ciertas circunstancias, resolutiva. Con lo planteado el Estado nacional estaría en condiciones de resolver varios problemas de la acción política que la nación requiere. En esa instancia se debería someter a discusión las reformas que el congreso ha acordado en la Constitución y en las leyes reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta que el freno principal a la elaboración de las leyes reglamentarias pendientes se relacionan con los métodos de discusión insuficientemente plurales y poco incluyentes, esas limitaciones se podrían superar con la discusión en el seno de la CONAGO ampliada, que sería el preámbulo de la asamblea nacional de la República mexicana que se debería establecer en la constitución elaborando y aprobando las leyes reglamentarias correspondientes.
Bajo ese marco institucional estoy convencido que la reforma educativa se afinaría para conseguir un sistema de educación más sólido y moderno, y con la definición de un proceso de transformación de la enseñanza y de los métodos para enseñar que aseguraría superar nuestras limitaciones educacionales y garantizaría un ambiente de cambio sin amenazas a los mentores, y realizar procesos de evaluación para conocer las limitaciones y así entender con conocimiento cabal nuestras necesidades sobre lo que deberá comprender el proceso de cambio, siempre respetando los derechos fundamentales de nuestros estimados profesores.
En pocas palabras, nuestro proyecto deberá considerar una nueva forma de educar y un proceso de adecuación de nuestros docentes a esa nueva estructura educativa, con una estrategia como la descrita se evitaría el recurrir a acciones como las de Oaxaca en donde se tuvo que esperar a concertar con el Gobernador la aplicación de la reforma educativa, a cambio de proveer recursos para cubrir la deuda y apoyo para controlar a la sección 22 del SNTE.
En el caso de la reforma hacendaria se tendría que considerar modificar la actual forma de distribución de los ingresos de la hacienda pública y, por tanto, las atribuciones en el ejercicio del gasto; sugiero que se pudiera considerar una nueva distribución de los ingresos tributarios, que lo correspondiente al gobierno central de la federación fuese el 70% de los ingresos fiscales y que el 30% de los mismos se distribuyera a las entidades federativas sustituyendo así lo que hasta ahora se aplica que corresponde con el 80% para la federación y el 20% para las entidades federativas, eso representaría un cambio en las atribuciones para el ejercicio del presupuesto que en mi opinión redundaría en mayores posibilidades de desarrollo del país. En el combate a los ilícitos se podría continuar con la unificación de mandos y facultades para dificultar o evitar la protección al crimen organizado y a los corruptos que casi siempre se encuentran relacionados.
Se tiene que considerar que tal medida dotaría a la nación mexicana de capacidad para abordar los problemas fundamentales de la nación en mejores circunstancias, sin soslayar la importancia que en la problemática del país ha adquirido la dinámica globalizadora en la comprensión de los problemas y en el diseño y aplicación de las políticas tendientes a superar sus retos, tal puede ser el caso de problema del desarrollo económico, del asunto migratorio de la seguridad pública y de otros. Los que menciono, igual que casi todos los problemas se deben contemplar en el marco de la globalización, pero los mencionados presentan un ingrediente más vinculado con las dinámicas de la globalización. En este sentido debo apuntar que lo pertinente para el estado fuerte y vigoroso que México lograría con los cambios que he sugerido se podrían complementar con una definición clara por marchar en la senda de lograr un proceso de integración global por la vía de lograr superar a la globalización dictada por los intereses de las grandes transnacionales y configurar un proyecto de integración plural incluyente y democrático en el que el interés de los ciudadanos de todos los países quedara incluido y tomado en cuenta. Tal orientación se consideraría como una brújula para abordar la problemática que vaya más lejos de la competencia de nuestro estado nacional.
En esas circunstancias se podría abordar la tarea de concretar las reformas, mi propuesta se orienta en el rumbo que el presidente ha aplicado para abordar los conflictos que se presentan en las distintas entidades federativas, mi discrepancia con el ejecutivo de la nación es que él aborda el asunto en una instancia de coordinación bilateral, en tanto mi propuesta significa que la discusión de los retos y sus posibles soluciones se deben dar en un espacio de discusión que integre al pleno del poder ejecutivo de la nación, es decir, del pleno de la República Mexicana, ello representa que con un nuevo federalismo lograríamos una distribución del poder más democrático, plural e incluyente.
El nombramiento de los titulares del poder judicial del ejército y Marina y de los órganos autónomos de arbitraje, supervisión, vigilancia, hacerlos recaer en la asamblea de la república y de ese modo evitar que se presenten, en esas instancias, situaciones de incapacidad para asumir sus responsabilidades. Es decir, dotar a la nación de instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad para abordar lo que son las encomiendas propias de cada instancia institucional.
La situación de nuestro país plantea, como imperativo, realizar cambios en la forma de gobernar para lo que es pertinente optar por un federalismo real y moderno que posibilite rediscutir el diagnóstico de la situación del país y desde allí detectar la importancia de orientarse a la distribución de la riqueza y del poder, iniciando con una reforma constitucional que armonice las distintas partes de nuestro sistema político llevando la forma de gobernar a la senda que ya se ha recorrido en lo que corresponde con el camino para conseguir el poder, construir el colegiado que sintetice el poder del estado mexicano y logre integrar a los ejecutivos de las entidades federativas con el ejecutivo central de la federación, eso se ubicaría en el rumbo de la distribución del poder en el estado mexicano y en el seno de ese colegiado se tendría que rediscutir lo relacionado con las formas institucionales para el ejercicio del poder, todas las reformas acordadas tendrían que ser materia de discusión en el colegiado y de su correspondiente ajuste.
Surge la duda, ¿si para que hacer esto ya hay cuerpos de reforma acordados? Claro que sí pero en la discusión en la instancia mencionada tendría el propósito de orientar a lograr una reforma que incluya la opinión del mosaico de opiniones vigentes en México y que logre la unidad en torno a ellas para que su aplicación sea un hecho, así las dificultades que se presenten puedan superarse sin recurrir a conductas de corte autoritario.
En el seno de la instancia institucional de poder estatal se podría reconsiderar las reformas que han sido acordadas y la posibilidad de que nuevas iniciativas sean abordadas y que de ello surjan nuevas reformas, se puede alegar que el camino sería más largo, es posible pero lo seguro será también, y que una vez acordadas su aplicación tendrá el apoyo suficiente para que su aplicación sea una realidad.
En el contexto descrito se puede comentar que una rediscusión acerca de la reforma educativa, la hacendaría podrían reencausarse de tal modo que se asegure su pertinencia y efectividad. En el primer caso proponer en el colegiado que la reforma tenga dos componentes: la aplicable al profesorado que tiene una antigüedad de al menos 1 año y a los que tiene una antigüedad menor a un año. En los primeros la evaluación se orientará al diseño de programas de actualización y, en el segundo caso el propósito será la actualización y a la aplicación de los criterios de admisión y permanencia. Para el caso de la reforma Hacendaría tendremos como un aspecto a considerar el asunto de la recaudación y de la distribución de lo recaudado, orientando de entrada lograr que de los recursos públicos a distribuir al gobierno central de la federación se le asigne un 70% y a las entidades federativas se les otorgue el 30%, a partir de allí seguro que la dinámica del federalismo hacendario cobrará una dinámica más positiva para el objetivo de lograr el desarrollo económico y social de nuestro país. En contraste con lo que significa la reforma orientada a resolver lo relacionado con las deudas de las entidades federativas y los municipios en la que se orilló a las diversas instancias de gobierno correspondientes a aceptar los términos planteados en la ley que denigra a los gobiernos en cuestión como irresponsables, a cambio de proveer de recursos para solventar sus compromisos, mi propuesta, incluida en la senda del moderno federalismo, significaría que las instancias del gobierno de los estados y los municipios tendrían los recursos para solventar sus compromisos y mantener por la vía de actualizar la reglamentación del ejercicio del gasto un mejor panorama para lograr el desarrollo de nuestra nación mexicana. La discusión y procesamiento de los grandes temas del país en la instancia de deliberación y decisión perfilada se encontrarían fórmulas de solución a los grandes retos del país.
Con cambios de ese calado sí podemos aspirar a lograr salir del atolladero en que nos encontramos.