El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), Enrique Ochoa, aseguró que el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas en México es “exclusivamente la opinión de 10 expertos independientes”.
Ochoa menciono que el trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) es monitorear la aplicación de la Convención de Desapariciones Forzadas respectiva a la materia y “no el de reinterpretarla” y aseguró que la comisión de expertos no representa la opinión de toda la ONU.
Argumentó que los expertos de la CDF son electos por 78 Estados miembros de la Convención de Desapariciones Forzadas, y señaló que este número representa menos de la mitad de los países que conforman la ONU.
1/5 Los informes del Comité de Desaparición Forzada representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General. — ENRIQUE OCHOA (@OCHOA_MX_UN) April 7, 2026
Entre sus alegatos, el funcionario de la SRE citó a través de su cuenta de X varios artículos del estatuto de Roma –bajo el que se rige la Corte Penal Internacional— y del estatuto de la CDF que definen el concepto de desaparición forzada.
Afirmó que el artículo tercero de la CDF y el séptimo del Estatuto de Roma refieren a la desaparición forzada como la detención o secuestro de personas por el Estado u organizaciones políticas, con o sin el apoyo gubernamental, con el fin de mantener al individuo fuera de la protección de la ley.
La SRE rechazó públicamente el informe de CDF el 3 de abril, bajo el argumento de que no contempla los esfuerzos coordinados con familiares de las víctimas y colectivos para dar solución a la problemática de la desaparición forzada.
En esa ocasión, Enrique Ochoa calificó el informe de tendencioso y sostuvo que la investigación se limitaba al periodo de 2009 a 2017 en cuatro entidades de la República, a además aseguró que el informe carece de rigor jurídico.
Con información de La Jornada (MCJ)
