En los últimos diez años, en el estado de Puebla se registraron 342 feminicidios; sin embargo, solo 58 derivaron en una sentencia, lo que representa apenas el 17 por ciento del total de casos documentados.
Dentro de estas resoluciones, únicamente seis personas recibieron la pena máxima de 60 años de prisión, mientras que tres fueron sancionadas con las condenas más bajas, de entre dos y tres años.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenida vía transparencia, los registros muestran variaciones importantes en la incidencia anual, siendo 2019 el año más crítico, con 57 feminicidios, seguido de 2020, cuando se contabilizaron 52.
En contraste, 2015 fue el año con menos casos reportados, apenas seis, mientras que 2022 también reflejó una disminución al cerrar con 20.
Registro anual de feminicidios en Puebla
La distribución anual quedó de la siguiente manera:
- 2015: 6
- 2016: 12
- 2017: 27
- 2018: 32
- 2019: 57 (el más alto del periodo)
- 2020: 52
- 2021: 37
- 2022: 20
- 2023: 35
- 2024: 42
- 2025: 22 (corte hasta octubre)
Sentencias: solo seis casos de feminicidio alcanzaron la pena máxima
De las 58 sentencias emitidas por tribunales, 56 fueron condenatorias, es decir, se determinó la culpabilidad y se impuso una pena por feminicidio, mientras que dos resultaron absolutorias, lo que significa que el acusado fue declarado inocente y no recibió sanción.
En cuanto a las condenas, solo seis personas recibieron la pena máxima de 60 años, lo que equivale al 10 por ciento del total. Por otro lado, tres casos recibieron las penas más bajas, entre dos y tres años de prisión, lo que representa apenas el 3.4 por ciento.
También se registró una sentencia de 15 años y 8 meses, y ocho resoluciones que se ubicaron entre 23 y 26 años de cárcel. Sin embargo, la mayoría de los fallos —44 sentencias, el 75 por ciento— se concentraron en penas de 40 a 60 años de prisión.
Marco legal con penas de hasta 60 años
En Puebla, la pena por feminicidio va de 40 a 60 años de prisión y, si la víctima estaba embarazada, el castigo aumenta. No obstante, la duración de la sentencia puede variar dependiendo de las circunstancias agravantes o elementos probatorios del caso.
Además, la legislación establece que el agresor pierde cualquier derecho sobre la víctima, incluidos los sucesorios.
En situaciones específicas, y dependiendo de las pruebas presentadas, los jueces pueden fijar sentencias como 42 años y 6 meses, así como imponer multas y reparación del daño. (LV)
