Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron las modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que aumenta la pena de cárcel por el delito a mínimo 15 y máximo 25 años en prisión; el dictamen avanzó al Pleno.
Ayer con 33 votos a favor las comisiones aprobaron la llamada Ley General contra la Extorsión que envió como proyecto la Cámara de Diputados, pero con 15 artículos modificados, señaló el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado.
El objetivo, señaló, es homologar un tipo básico de sanciones para combatir el delito de extorsión a nivel nacional.
“Se propone la persecución de oficio del delito de extorsión desde centros penitenciarios; establece procedimientos y tecnologías para la inhibición de llamadas y comunicaciones desde las cárceles”, informó Corral.
La minuta original que enviaron los diputados establecía una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 años en prisión, pero con las modificaciones se incrementaron a 15 años por pena mínima y 25 años la máxima
Las y los legisladores analizaron el dictamen referente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.https://t.co/OBQ5rkJ5aq pic.twitter.com/aquEAwjQLS — Senado de México (@senadomexicano) November 19, 2025
Cambios a la Ley aprobada
Los presidentes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázeres, señalaron que la pena de prisión de seis y hasta 15 años beneficiaría a quienes actualmente cumplen penas por el delito referido.
Bajo ese argumento se modificó el primer artículo de la Ley contra la extorsión, para aumentar la sanción y estipula una aplicación en consideración a los derechos humanos.
Los incrementos a la sanción se aplicarán de la siguiente manera:
- Servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten medios o permitan se cometa extorsión tendrán penas de 15 a 25 años de prisión, más una adicional de tres a cinco años
- Servidores públicos con facultades para prevenir, investigar, perseguir los delitos e impartidores de justicia o custodia de centros penitenciarios que no presenten denuncia, una pena de 10 a 20 años de prisión
- De seis a 12 años de prisión a quienes introduzcan ilegalmente a centros penitenciarios dispositivos electrónicos que permitan transmitir datos, imágenes, geolocalización o voz con el fin de cometer extorsión
Con el proyecto también se modificarán el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, La ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Con información de Radio Fórmula, Animal Político, El Financiero (JRLM)
