La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre acusó al gobierno del estado de estar detrás del cuerpo localizado el pasado 15 de septiembre en el puente de Analco. La organización señaló que la advertencia no era contra las personas mencionadas en los mensajes hallados en la escena, sino directamente contra su dirigente, Rubén Sarabia, alias “Simitrio”.
En conferencia de prensa, Sarabia afirmó que las narcomantas colocados junto al cuerpo hacían referencia a las marchas que encabeza la organización, así como a supuestas prácticas de extorsión y cobro de piso, lo cual rechazó tajantemente al asegurar que dentro de la UPVA no se realizan dichas actividades.
Xihuel Sarabia señaló que las frases escritas en las cartulinas corresponden a expresiones utilizadas por miembros del propio gobierno estatal, lo que, dijo, refuerza la acusación contra las autoridades.
#AlMomento La 28 de Octubre informó que, aunque en los mensajes encontrados junto al cuerpo abandonado el 15 de septiembre en Analco se mencionen a otras personas, la acción está dirigida sólo hacia Rubén Sarabia "Simitrio", líder de la agrupación. La organización indicó que… pic.twitter.com/CYj76Bqxpf — Periódico e-consulta (@e_consulta) September 17, 2025
Los dirigentes consideraron que se busca simular una confrontación entre grupos delictivos para desprestigiar su movimiento y “jugarles las contras”.
Recordaron que también fue mencionado Federico López, líder de la organización Fuerza 2000, quien en reiteradas ocasiones se ha deslindado públicamente de las acusaciones en su contra por parte de la Familia Michoacana. Sin embargo, enfatizaron que el hecho de que vuelva a aparecer su nombre en las cartulinas refuerza la idea de que el verdadero objetivo es Simitrio.
La 28 de Octubre rechazó que padezcan un “delirio de persecución”, como lo han señalado autoridades estatales, y sostuvo que su lucha es legítima. Recordaron que las amenazas contra la organización comenzaron el 16 de junio, cuando apareció el cuerpo de un hombre con una narcomanta firmada por la Familia Michoacana, en la que se mencionaba que la víctima cobraba piso.
De acuerdo con su versión, desde ese hecho las agresiones se han intensificado, motivo por el cual responsabilizaron al gobierno estatal, aunque no presentaron pruebas para sustentar sus señalamientos.
Los dirigentes también afirmaron que el rompimiento de las negociaciones con el Ejecutivo se debió a que el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, interrumpió el diálogo molesto por la falta de seriedad de los representantes de la organización, lo que interpretan como un acto de persecución política.
Finalmente, exigieron un alto a las agresiones y acusaciones sin fundamento en contra de la UPVA 28 de Octubre. (MIG)
