Grupo Salinas calificó de ilegal la resolución del Tribunal Colegiado de negarle un amparo a Grupo Elektra, por lo que la empresa de Ricardo Salinas Pliego sí deberá más de dos mil millones de pesos por Impuestos Sobre la Renta (ISR).
Fue el 19 de junio que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo en contra del grupo empresarial por la omisión del pago de impuestos durante el ejercicio 2012.
Tras el fallo, Salinas Pliego afirmó que la decisión fue consecuencia de la farsa electoral judicial, puesto que aseguró se trató de una resolución guiada por intereses políticos.
Así es, mi estimado Luciano, pero para tristeza de muchos de los textoservidores pagados por el régimen, a quienes envían a “celebrar” el supuesto cobro ilegal contra Elektra… les digo que, una vez más, quedarán como los pendejos que son, anótenle y lloren. Ya debería darles… https://t.co/mRdWlan8MG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 20, 2025
Señaló que la decisión se motivó a través de presiones políticas en beneficio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que además sostuvo legitima cobros abusivos y arbitrarios de la institución.
El conglomerado acusó que la resolución fue ilegal porque omitieron lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, correspondiente al año en el que se originó el crédito fiscal.
“Los magistrados actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos del @SATMX y vulnerando derechos de los contribuyentes” manifestó Grupo Salinas en redes sociales.
Condenamos la resolución ilegal del Tribunal Colegiado que, ignorando el debido proceso y las leyes vigentes cuando se originó el crédito fiscal, falló contra Grupo Elektra. Los magistrados actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos… pic.twitter.com/Xf7NRBChPk — Grupo Salinas (@gruposalinas) June 20, 2025
Además, mencionaron que los magistrados violaron el proceso, pues ante impedimentos procesales, debieron remitir el caso a un tribunal distinto para que continuara con el proceso, no negar el amparo.
El grupo deudor y su dueño anunciaron que tomarán medidas para defender su derecho a una justicia pronta, por lo que una vez que se les notifique formalmente la sentencia, llevarán su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del país para que se revise constitucionalmente. (JRLM)
