Después de cuatro años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) tras acreditar violaciones cometidas contra una mujer detenida en el municipio de Coronango.
Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2021, cuando elementos de la Policía Estatal detuvieron a una mujer en su domicilio, ubicado en San Francisco Ocotlán, Coronango, sin presentar una orden de aprehensión.
La víctima, fue sacada por la fuerza de su vivienda, golpeada y los agentes también habrían agredido a los vigilantes del fraccionamiento donde residía.
Durante el operativo, las cámaras de videovigilancia del lugar habrían sido destruidas por los propios elementos policiacos.
Tortura en instalaciones del C5
Después la víctima fue trasladada al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla (C5), donde fue sometida a actos de tortura física, sexual y psicológica con el objetivo de que aceptara la responsabilidad de un delito.
El informe indica que se le pisaron los pies, le lastimaron los senos, le aplicaron descargas eléctricas en sus partes íntimas y fue asfixiada con un pasamontaña hasta perder el conocimiento.
Acceso negado a sus familiares
Durante varias horas, familiares de la víctima intentaron localizarla en diversas instancias como la Casa de Justicia, el C5 y la Fiscalía General del Estado (FGE), sin obtener información clara sobre su paradero.
Cuando supieron que se encontraba en el C5 les fue negado el acceso bajo el argumento de que no eran sus representantes legales ni familiares directos.
Recomendaciones emitidas a la SSP
Ante los hechos, la CDH Puebla acreditó violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de la SSP y emitió las siguientes recomendaciones:
- Proporcionar atención integral a la víctima, como parte de la reparación del daño
- Otorgar una compensación económica por los daños sufridos, incluyendo posibles afectaciones económicas
- Dar vista a la Unidad de Asuntos Internos de la SSP para iniciar procedimientos administrativos o penales contra los responsables
- Instruir al personal de la SSP para abstenerse de incurrir en actos que violen los derechos humanos
- Implementar programas de capacitación continua en materia de derechos humanos, con énfasis en el respeto a la integridad y seguridad personal. (MCJ)
