En Puebla se renovarán 13 plazas en juzgados de distrito y como parte del proceso, se han filtrado los nombres de 16 aspirantes: nueve hombres y siete mujeres.
Esta filtración tiene como objetivo promover el voto a favor de ciertos perfiles, entre los cuales hay figuras con diferentes trayectorias profesionales, pero también con señalamientos públicos y cuestionamientos por su desempeño.
Candidata con antecedentes polémicos: jueza Lidia Antonio Sánchez
Una de las aspirantes es la jueza Lidia Antonio Sánchez, licenciada en Derecho y con una maestría en Ciencias Penales y en Proceso Penal Acusatorio. Su último cargo fue como jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio.
Sin embargo, fue señalada en una nota periodística por vincular a proceso penal a seis funcionarios del municipio de Izúcar de Matamoros, acusados de agresiones y tortura contra dos periodistas locales.
A pesar de ello, la jueza no impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y fue acusada por las víctimas de retrasar deliberadamente las audiencias.
Acusan a Camacho Hernández de abuso de poder
Otro de los aspirantes es Ulises Cuitláhuac P. Camacho Hernández, licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Penal y maestría en Argumentación Jurídica.
Ha trabajado como agente del Ministerio Público investigador e instructor en varios juzgados penales y mixtos dentro del estado.
Sin embargo, también enfrenta acusaciones, cuando a través de carta enviada a una columna de un medio local titulada “Terrorismo laboral en la PGJ” en esta lo señalan junto al Ministerio Público Silvestre Aroyo Rodríguez por presuntas prácticas indebidas.
Según la denuncia, ambos habrían organizado eventos sociales para los cuales se exigían cuotas obligatorias al personal y utilizado recursos y vehículos oficiales para fines personales. En la misiva, se refieren a Camacho Hernández con el alias de "El Tuntún".
INE frena uso de “acordeones” por violar veda electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) intervino en el proceso al ordenar la suspensión de la distribución de “acordeones” que presuntamente orientaban el voto en la elección judicial programada para el próximo domingo.
Según el INE, estos materiales violan la veda electoral, un periodo de tres días antes de la jornada electoral en el que están prohibidos los actos de campaña, la difusión de propaganda y la publicación de encuestas.
Propaganda disfrazada como orientación ciudadana
De acuerdo con el INE, los acordeones funcionan como propaganda disfrazada de herramienta informativa, ya que indican explícitamente cómo votar, lo que contraviene el objetivo de la veda: brindar a la ciudadanía un espacio libre de influencias para reflexionar su voto.
La veda electoral está contemplada en el artículo 251, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
En este periodo está prohibido realizar actos públicos de campaña, propaganda, proselitismo, y también difundir encuestas o sondeos de opinión, incluso si se presentan como noticias. Su finalidad es clara: asegurar que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada sin presiones externas. (CR/MCJ)
