La audiencia intermedia programada para este jueves 15 de mayo a las 11:15 horas contra ejidatarios de San José Zetina, señalados por el presunto despojo de tierras, fue aplazada nuevamente, debido a que —según la defensa— el Ministerio Público no ha entregado la carpeta de investigación a los acusados.
En rueda de prensa, Israel Flores, uno de los ejidatarios del predio ubicado en San Andrés Azumiatla, municipio de Puebla capital, señaló que esta omisión provocó el retraso del procedimiento.
La audiencia intermedia del jueves en contra de los ejidatarios de San José Zetina, acusados de despojo, volvió a aplazarse; Israel Flores –ejidatario– indicó que el Ministerio Público no le ha proporcionado la carpeta de investigación a la parte señalada, lo que ha retrasado… pic.twitter.com/27HvMMx9hH — Periódico e-consulta (@e_consulta) May 16, 2025
Aseguró que se les imputa un delito que, según su dicho, no han cometido, y que la carpeta sigue sin ser entregada de manera formal. Esta sería la cuarta ocasión en que se difiere la audiencia. La parte acusatoria es representada por la Inmobiliaria Vasur.
“Nos están llamando a una audiencia en la que el Ministerio Público no ha dado traslado de la carpeta a nuestro abogado particular”, expresó.
Cabe mencionar que, como condición para que se lleve a cabo la audiencia, el juez Salvador Hernández, asignado al caso, emitió un oficio de advertencia. En él se estipula que, si vuelve a posponerse la audiencia, la parte acusada podría ser sancionada con una multa de 28 mil pesos.
“No hemos robado, no hemos despojado nada. Si las audiencias se siguen aplazando es porque el Ministerio Público no le ha entregado la carpeta a nuestro abogado”, reiteró el ejidatario.
Las fechas en que se han reprogramado las audiencias son el 3 de enero, el 13 y el 28 de febrero, y ahora el 15 de mayo. En cada ocasión, la defensa ha cambiado de abogados, ha presentado quejas contra los jueces o ha notificado que se encuentra enferma, lo que ha imposibilitado el desarrollo de la audiencia.
Los ejidatarios insistieron en que no temen la sanción económica, pues sostienen que el delito que se les imputa no existe, y que no están dispuestos a aceptar lo que consideran una situación injusta. (RC)
