La Fiscalía General de la República (FGR) giró 61 órdenes de captura, entre ellas una contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, y los empresarios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, quienes están involucrados en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del gobierno federal.
La tarde de ayer, un juez de Control federal emitió las órdenes de aprehensión en contra de la red de funcionarios y particulares de García Luna, con los cuales de dedicó a desviar millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la extinta Secretaria de Seguridad Pública (SSP) para enviarlos a empresas controladas por él y otros “cómplices”.
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“Se obtienen 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales en época de Genaro “G”, detalla un tuit de la FGR.
Este procedimiento penal es independiente a la denuncia de la #UIF respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro “G”, sus socios y cómplices. 4/4 https://t.co/urrw8Cd2k2 pic.twitter.com/zGGzL7fnBx — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2023
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De acuerdo con la información que aportó la FGR señaló que la imputación a los funcionarios fueron por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada que causaron el desvío de recursos federales por medio de 10 contratos ilícitos que sumaron 5 mil 11 millones de pesos mediante triangulaciones ilícitas a nivel internacional.
De esta manera, la dependencia solicitó la ficha roja contra todos los agentes involucrados en el desfalco millonario al gobierno federal, dado que algunos de ellos han salido del país.
Tras ello, la FGR, prevé la emisión de solicitudes de asistencia jurídica internacional para devolver “los bienes saqueados de la nación”.
A través del comunicado que emitió la FGR, precisó que este proceso penal es independiente a la denuncia que ayer hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otra sustracción multimillonaria en contra de la policía federal, en la que también está vinculado García Luna, sus socios y cómplices.
Entre los funcionarios, figura Sonia Vargas Terrero, del Consejo de la Judicatura Federal y exfuncionaria de la actual administración de la FGR, y exfuncionarios de la extinta Policía Federal (PF) que firmaron contratos a favor de empresas de García Luna.
