Legisladoras aprobaron embargar en Puebla los bienes de agresores de mujeres para garantizar la reparación del daño a las víctimas y su familia.
La Comisión de Igualdad de Género aprobó este jueves una serie de reformas para que por ley se repare el daño material, moral o psicológico.
En sesión virtual se avaló por unanimidad agregar un capítulo especial a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ahí se establecerá que el embargo se ejercerá en caso de que el agresor oculte o intente vender sus bienes para no cumplir con la reparación del daño.
El artículo 57 Sexies aprobado quedó de la siguiente manera:
“Para procurar la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia, el Ministerio Público deberá: I. Informar a la ofendida o víctima del delito, así como a sus derechohabientes, sobre el derecho que tiene a que se le repare el daño material y/o moral derivado de la comisión del ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño; II. Solicitar al juez competente el embargo precautorio de los bienes del probable responsable, cuando se tenga el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte o enajene los bienes para hacer efectiva dicha reparación”.
Aparte de la indemnización se busca que las víctimas tengan acceso a “medidas de rehabilitación”, como tratamientos médicos y psicológicos, así como “medidas de satisfacción”, para el restablecimiento de su dignidad y la garantía de que no vuelvan a padecer violencia.
En el artículo 57 Quinquies prevé además la investigación y sanción de servidores públicos que obstaculizaron o que con su negligencia violaron los derechos humanos de las víctimas.
Discriminación contra embarazadas
Otra reforma a la misma ley fue para considerar discriminación laboral el pagar un salario más bajo a embarazadas, así como exigir a mujeres un certificado de no embarazo como requisito para su contratación en algún empleo.
Igual se incluyó como discriminación laboral el presionar, acosar o intimidar a alguna mujer embarazada con el fin de que renuncie.
Las reformas fueron impulsadas por la diputada Rocío García Olmedo (del PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
