Con el slogan de "La Puebla que Queremos", Eduardo Rivera Pérez realiza una campaña de promoción en redes sociales de la plataforma que lanzó y desde la cual pide a los ciudadanos a enviar sugerencias que sirvan para mejorar las condiciones del estado.
La estrategia del panista es similar a la que el ex gobernador Rafael Moreno Valle usó por medio de la página "Rafa te escucha”, desde la cual efectuó foros ciudadanos para promocionar su proyecto presidencial.
La campaña que Rivera Pérez lanzó incluye el registro de los ciudadanos en el sitio electrónico eduardorivera.mx, el cual serviría como una base de sugerencias.
Tus inquietudes para mejorar tu comunidad, sus bienes y servicios, podemos transformarla en realidades si trabajamos todos unidos. #LaPueblaQueQueremos. Regístrate y comparte tus propuestas en https://t.co/GpNqnV3hPJ pic.twitter.com/So3QboDKiI — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) 17 de noviembre de 2017
En las últimas semanas seguramente habrás visto muchas noticias negativas sobre Puebla, y eso puede generarte desánimo, pero yo sé que eso no define #LaPueblaQueQueremos. Te invito a que me compartas cómo te sientes viviendo en Puebla, entra a https://t.co/GpNqnULGr9 pic.twitter.com/2fWvnTcL7p — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) 17 de noviembre de 2017
La promoción que el ex alcalde de Puebla realiza se da sin que anuncie si participará en el proceso interno para alcanzar una candidatura por Acción Nacional(PAN) para la elección de 2018.
Aunque la secretaria general del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo aceptó que el partido tiene la intención de tener un acercamiento con el ex presidente municipal de Puebla, Rivera Pérez aseguró que, hasta el momento, no se ha dado una invitación formal.
En contraste, la dirigencia estatal de Nueva Alianza y la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN), ya hicieron una invitación para que el panista considere ser postulado por alguno de ellos.
Rivera Pérez tiene aspiraciones a la candidatura por la gubernatura. En abril, el Congreso aprobó un proceso de inhabilitación por 12 años para ocupar un cargo público y un multa por 25.5 millones de pesos por presuntas irregularidades en la revisión de cuenta pública 2013.
La intención del Congreso –sostuvo- fue para bloquear sus aspiraciones políticas, y en respuesta emprendió un juicio de amparo que está vigente y del cual derivó una medida cautelar para que su nombre no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados.
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