El gobierno encabezado por Antonio Gali Fayad negó oficialmente la existencia de presos políticos en la entidad por lo que defensores de derechos humanos alertaron que esta “postura transexenal” justificará nuevos casos de represión y la continuidad de una política que criminaliza la disidencia.
En rueda de prensa, Carolina González Barranco, vocera del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, exhibió la respuesta de la administración estatal a la carta, acompañada con más de 16 mil firmas ciudadanas, que exige la libertad de 366 presos de consciencia del sexenio morenovallista.
El oficio del subsecretario General de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, del pasado 31 de mayo, repite la postura, oficializando desde el Poder Ejecutivo, las declaraciones de al menos 4 funcionarios del sexenio anterior que justificaron legalmente las detenciones y el hostigamiento judicial a defensores, opositores y ciudadanos, dijo Carolina González.
Para miembros del Comité, esta primera repuesta oficial de Gali Fayad, de negación y desconocimiento de los abusos de poder desde instituciones, actuando por consigna contra ciudadanos, es la confirmación de que el estado policial continuará en esta administración.
Pese a esta postura, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Pueblaaceptó la invitación del gobierno estatal para entablar mesas de diálogo, a condición de que sean públicas y abiertas.
"Estaremos atentos al llamado del gobierno para el diálogo al que dice estar abierto pero a condición de se incluya a la sociedad y la participación de familiares y abogados de los presos y perseguidos politicos, que podrán demostrar la violación jurídica de la que fueron objeto", asentó González.
El Comité ha documentado, en los 366 casos de ciudadanos, más de un tipo de violación al debido proceso,entre ellas falsa acusación, detención arbitraria, prisión preventiva injustificada, aprehensión sin haberse acreditado el delito, supresión de garantía de audiencia y privación ilegal de derechos.
Para los defensores, estos diálogos servirán de campaña informativa a una ciudadanía ajena a esta realidad.
"Las instancias de gobierno así como dependencias y tribunales en el sexenio de Rafael Moreno Valle se basaron en un modelo de represión, en un esquema de ilegalidad y arbitrariedad. Consideramos que en ese sentido el ex mandatario encabezó una banda delincuencial organizada", dijo doctor Miguel Ángel Rosas Burgess, académico de la BUAP y miembro del Comité.
