La propuesta para penalizar el grafiti sufrirá cambios, tales como considerar el trabajo comunitario, confirmó el diputado Eukid Castañón Herrera (PAN), quien detalló que también se hará una diferenciación entre vándalos y grafiteros.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dijo en entrevista que aún se evalúa la propuesta de castigar hasta con 12 años de prisión a quienes dañen o vandalicen el mobiliario urbano.
“Hace una diferenciación entre lo que es el grafiti y el vandalismo, son dos acciones completamente distintas, y a su vez diferencia la actividad. También el tipo de bien o inmueble. Diferenciaremos lo que es la propiedad privada del mobiliario urbano y a su vez también monumentos históricos o que están considerados patrimonio de la humanidad”, acotó.
Calibran penas en función del daño
Castañón Herrera apuntó que la intención es calibrar las penas en función del daño y la actividad en la que se dé la afectación a una propiedad privada o un bien de dominio público.
De acuerdo con la iniciativa presentada por Castañón Herrera, en el artículo 413 Bis se establece que habrá sanciones de uno a tres años a quienes realicen pintas en propiedad privada, y de dos a cuatro años si el daño es en bienes de “dominio público”.
En cuanto a la pena de 12 años, el numeral 413 Ter indica que la sanción será la misma que se propone en el artículo 412, la cual va de seis a 12 años de cárcel a quienes ilícitamente y con dolo destruyan el equipamiento, infraestructura urbana y los inmuebles considerados como patrimonio de la entidad.
“Se aplicará la misma sanción prevista en el artículo 412 de éste código, a quien o quienes de forma ilícita y dolosa, causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos, o del patrimonio artístico o arquitectónico del estado”, apunta el artículo 413 Ter.